El riesgo de la magnanimidad
Cinco de los que se sientan en el banquillo son ahora diputados electos, una baza que van a aprovechar para deslegitimar al tribunal y politizar el proceso
El 5 de diciembre del 63 antes de Cristo Cicerón pronunció en el Senado estas palabras: «Desvelaos por salvar a la patria, mirad en torno vuestro las tempestades que os amenazan». Y prosiguió: «La patria corre peligro por las teas y las armas de una conspiración. Vuestra decisión de hoy va a servir para que en adelante nadie pueda volver a repetir tan execrable maldad».
Merece la pena releer la cuarta catilinaria de Marco Tulio Cicerón , cuando, desarticulada la conjura para acabar con la república e instaurar una dictadura en Roma, pide para los cómplices de Catilina un castigo ejemplar.
En aquel momento Roma estaba dividida entre los partidarios de Silano y el propio Cicerón, que proponían la máxima pena para quienes habían vulnerado las leyes romanas, y los de Julio César, que defendía la incautación de sus bienes y el destierro sin quitarles la vida.
Finalmente, tras un largo y apasinado debate, se impusieron las tesis de Cicerón, que argumentó que, si el Senado era magnánimo con los secuaces de Catilina, los ciudadanos no podrían dormir tranquilos porque volverían a intentar hacerse con el poder. Y para no aparecer como un cruel tirano para las generaciones venideras, Cicerón afirmó: «No actúo por dureza de alma sino por misericordia y humanidad. Y lo hago para no ver la patria devorada por un incendio y los cuerpos insepultos de sus desdichadísimos ciudadanos».
Lo que está diciendo Cicerón es que no hay más opción que la de aplicar la ley con severidad contra quien quiere destruir la república sin importar las consecuencias de sus actos.
Han pasado veinte siglos y el dilema al que se enfrenta hoy el Estado es muy parecido al que se le planteó al Senado romano, que dudaba a la hora de castigar a ilustres patricios que se justificaban con el pretexto de que habían intentado salvar al pueblo . Afortunadamente allí estaba Cicerón, que corrió un gran riesgo personal al desenmascarar a Catilina, un demagogo y ambicioso populista que quería implantar una tiranía en Roma.
Hoy la defensa de la democracia española y el ordenamiento constitucional están en manos del Supremo, sometido a una campaña de desprestigio e intimidación por un independentismo catalán que se aprovecha del garantismo del sistema para tratar de destruirlo.
Es lo que estamos viendo y escuchando estos días con las declaraciones de profesores y eurodiputados que intentan presentar a los inculpados como presos políticos, víctimas de la represión del Estado y de la arbitrariedad de los jueces.
En este contexto, hay que subrayar que el desafío independentista ha dado un importante salto tras unas elecciones en las que han sido elegidos parlamentarios cinco de los líderes que se sientan en el banquillo. No es una cuestión baladí porque, desde ahora, el Supremo juzga a cuatro diputados y un senador electos que gozan de una inviolabilidad garantizada en la Constitución.
Hay mecanismos legales para impedir que tomen posesión del cargo o para suspenderles, pero eso supondrá otro argumento propagandístico para minar la credibilidad de las instituciones.
Es cierto que la democracia consiste en respetar la ley y los derechos de los ciudadanos, pero también lo es que los independentistas recurren a todos los subterfugios para burlar el sistema que les protege. Ayer los acusados y sus abogados hacían esfuerzos para contener la satisfacción que les suscita el nuevo desafío al Estado y la baza propagandística de cara al exterior. Y ello nos devuelve al dilema que se le planteaba al Senado romano: ¿se puede ser magnánimo con el que aspira a destruir la convivencia y las leyes? Pedro Sánchez no quiso responder a la pregunta en los debates, pero no podrá evitar que este interrogante le acompañe a donde vaya.
