Los retos de los ministros del Gobierno mastodóntico de Pedro Sánchez

Redacción de ABC

12/01/2020
Actualizado 13/01/2020 a las 09:22h.

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Vicepresidenta primera de Presidencia y Memoria Democrática

Carmen Calvo seguirá siendo la número dos del Ejecutivo. Algo que Pedro Sánchez tuvo claro desde un principio para alejar las posibilidades y pretensiones de Pablo Iglesias al respecto. De sus competencias ha visto cómo tiene que ceder Igualdad a Irene Montero. Por lo demás mantendrá las mismas competencias que en la anterior legislatura. Añadiendo formalmente Memoria Democrática. Aunque en la pasada legislatura también dirigió algunos aspectos de la exhumación de los restos de Franco. Bajo su mando se coordinará toda la acción del Ejecutivo, seguirá presidiendo la reunión de secretarios y subsecretarios de Estado que prepara el Consejo de Ministros. El órgano nuclear del Ejecutivo. En su equipo se lleva también la relación con el Parlamento. Calvo sigue en el primer anillo de poder del presidente. Y como sucedió en la anterior legislatura será una de las encargadas de pilotar las conversaciones con la Generalitat de Cataluña. Pero su verdadera función en este Gobierno será la de canalizar el esfuerzo legislativo de un Ejecutivo de competencias fragmentadas y proteger al presidente de los conflictos competenciales.

Vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030

La llegada de Pablo Iglesias a la vicepresidencia del Gobierno tiene una gran trascendencia en términos políticos e históricos. Un partido a la izquierda del PSOE, cuyo germen rompió el tablero político español, llega al Consejo de Ministros. Está por ver la trascendencia real de su entrada en el Gobierno. Desde su vicepresidencia intentará sacar rédito de las medidas de los cuatro ministerios que copará su partido. Aunque éstas están limitadas competencialmente. Algo parecido a lo que le pasa a su vicepresidencia segunda.

Los Derechos Sociales y la Agenda 2030 no tendrán un aterrizaje sencillo en políticas concretas. Su margen presupuestario y su conflicto competencial puede ser la tónica con las vicepresidencias de Nadia Calviño y Teresa Ribera. Iglesias va a compartir ministerio físicamente con el ministro de Sanidad, el socialista catalán Salvador Illa, y con el de Consumo, Alberto Garzón. Ministerios que aspira que aporten réditos que pueda presentar bajo el paraguas de una vicepresidencia que, por lo demás, necesitará tiempo para arrancar en términos prácticos para poder testar su autonomía.

Vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos

Como directora de Presupuestos de la Comisión Europea, Nadia Calviño (La Coruña, 1968), está bregada en negociaciones maratonianas para sacar unas cuentas quinquenales. Puede volver a ocurrir: la continuidad del Ejecutivo dependerá de su capacidad para sacar los Presupuestos de 2020, ya que a fuerza de prórroga, se puede aguantar una legislatura. Y su cometido, al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, será poner coto a las ambiciones de Unidas Podemos en las cuentas y en medidas como la derogación de la reforma laboral. A ello se le sumará que tendrá que ser la cara del Gobierno ante la UE, que exige un ajuste de 7.800 millones al año y la privatización de Bankia, que colisiona con la ambiciosa agenda de gasto pactada con UP o sus aspiraciones de banca pública. Ya en la anterior legislatura, Calviño descafeinó medidas como la regulación del alquiler que pretendía la formación morada. De ahí que su nombramiento se lea como un intento de calmar a los mercados (y a Bruselas, que la recibió con un aplauso en su primer Eurogrupo) para disipar las dudas sobre la ortodoxia económica del Ejecutivo.

Vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica

Teresa Ribera (Madrid, 1969), con un perfil técnico y una larga trayectoria en negociaciones climáticas, repite con frecuencia que no existen las «soluciones mágicas». Convertida en una de las grandes apuestas de Sánchez, tendrá que hacer gala de su fama al frente del «superministerio» de Transición Ecológica, elevado a vicepresidencia, con competencias en medio ambiente y energía. Se enfrenta al reto de sacar adelante su proyecto estrella, la Ley de Cambio Climático, que lleva lista desde antes de las elecciones, y que ha soliviantado al sector de la automoción. Todo ello, antes de la Cumbre del Clima de Glasgow (noviembre), para poder presentar nuevos objetivos de recortes de emisiones. En materia energética, debe aprobar de manera urgente el estatuto de las empresas electrointensivas, prometido hace un año. También una nueva estructura del recibo de la luz donde bajen los costes regulados o parte fija, así como una reforma del mercado mayorista de electricidad. Se suman sus nuevas competencias sobre el «reto demográfico», que deberá culminar con una estrategia nacional frente a la despoblación.

Industria, Comercio y Turismo

El futuro de la industria del automóvil -una de las que mayor peso tiene en la economía española-, la consolidación del liderazgo de España como destino turístico más allá del «sol y playa» y la gestión de los aranceles a productos españoles anunciados por Estados Unidos serán solo algunos de los desafíos que asume la ministra Reyes Maroto en su renovado mandato al frente del ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El plan programático firmado por PSOE y Unidas Podemos para esta legislatura incluye el desarrollo de un plan industrial con un horizonte en 2030 para la transición ecológica y la descarbonización. Igualmente deberá ponerse en marcha el estatuto del consumidor electrointensivo, tarea pendiente desde la pasada legislatura. En un momento especialmente delicado para la industria, que está sufriendo especialmente la desaceleración, la posibilidad de que aparezcan nuevas amenazas de cierre de plantas similares a los casos de Alcoa o Vestas se da prácticamente por sentado, por lo que Maroto deberá hacer gala de su fama de buena negociadora. En cuanto al sector turístico, la estrategia de que españa crezca en gasto y no tanto en número de visitantes seguirá vigente y quedará pendiente la gestión de los coletazos de la quiebra del touroperador Thomas Cook, especialmente para las ilas Baleares y Canarias, las regiones más afectadas.

Portavoz y Hacienda

La tarea más urgente es la aprobación de unos Presupuestos para 2020 que ya llegan tarde, después de prorrogar por segundo año las cuentas de 2018 que dejó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En primer lugar, Montero deberá convocar a las comunidades autónomas en el Consejo de Política FIscal y Financiera tras 17 meses sin hacerlo para aprobar los objetivos de déficit y, a posteriori, aprobar en Consejo de Ministros el techo de gasto que habrá de remitir a las Cortes, antes de presentar el propio proyecto de cuentas para 2020. Los plazos aprietan: difícilmente los Presupuestos entrarán en vigor antes del segundo semestre de 2020. Todo un desafío, al incluir subidas de impuestos indirectos que tendrán menor impacto cuanto más tarden en entrar (la tasa Google y la tasa Tobin, o el gravamen al diésel). Precisamente, los aumentos de gasto pactados con Unidas Podemos pero también con los múltiples partidos nacionalistas y regionales para conseguir que salgan las cuentas pondrán en cuestión la reducción de déficit que exige Bruselas. Los Presupuestos serán la gran prueba de fuego de este Gobierno. A largo plazo, el gran desafío es la reforma de la financiación autonómica, en la que tendrá que equilibrar las demandas de Cataluña, las reticencias a la armonización fiscal de las comunidades del PP y la infrafinanciación que afecta a Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha. Como recién nombrada portavoz de Gobierno tendrá el desafío de ser la voz, única, de un Ejecutivo repleto de ministerios que es el primero de coalición de la democracia.

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Ábalos liderará la enésima reconversión del Ministerio de Fomento, que pasará a llamarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Ange Urbana. Un cambio de denominación que vendrá acompañado de una ampliación de funciones. Así, el departamento se ha marcado como objetivos principales de esta legislatura aprobar una nueva ley de movilidad y poner en marcha «la primera ley estatal de vivienda de la Democracia».

El número tres del PSOE ha destacado que esta última reforma está concebida para «blindar el derecho constitucional del acceso a la vivienda». La intención del Ejecutivo es controlar mediante esta ley el mercado del alquiler, una iniciativa en la que insiste Unidas Podemos pese a las críticas del sector inmobiliario. Más allá de la vivienda, Ábalos tendrá que afrontar la liberalización del AVE, un proceso que echará a andar en diciembre y que, según el ministro, permitirá aliviar las maltrechas cuentas de Adif.

Seguridad Social, Inclusión y Migraciones

Le ha sido encomendado uno de los principales desafíos que tiene España: garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sobre el que pesa como una losa un déficit estructural del 1,5% del PIB (unos 18.000 millones de euros). José Luis Escrivá llega con la difícil misión de alcanzar un gran pacto de estado sobre el futuro de la Seguridad Social que esté basado en criterios técnicos y que prepare al sistema para la llegada de los «baby boomers», la generación nacida entre 1965 y 1977, un «ejército» de pensionistas que comenzará a retirarse en 2023 y colocará la cifra total de jubilados en 15 millones en 2042. La fragmentación parlamentaria no se lo pondrá fácil a este economistas con ideas más ligadas a las instituciones económicas que al propio Ejecutivo.

Trabajo

Asume la cartera más importante de Podemos con una de las misiones más ideológicas del Gobierno: derogar «con carácter urgente» la reforma laboral, una norma que la ministra ha combatido con vehemencia. Subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros será otra de las batallas y en ambas contará con el rechazo rotundo de las organizaciones empresariales, con las que se ha comprometido a negociar. Díaz tendrá que hacer frente a la reducción de la temporalidad y atajar la cifra de parados (3.163.605), además de buscar soluciones para los repartidores de comida a domicilio, sobre los que la ministra ha dicho en varias ocasiones que son falsos autónomos.

Política Territorial

Su ministerio tiene una doble vertiente. Por un lado Función Pública, lo que la obligará a lidiar con los requisitos de la masa funcionarial del país para cumplir sus necesidades. Y por otro será la encargada de la Política Territorial. Aunque Cataluña se reservará para el presidente y la vicepresidenta. Tendrá que lidiar con el contacto diario con las Comunidades Autónomas. El Gobierno quiere reducir los litigios competenciales entre ellas y el Estado. Tendrá que trabajar mano a mano con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para empezar a abordar los trabajos de un nuevo modelo de financiación autonómica que Sánchez ha prometido para esta legislatura.

Justicia

Deberá lidiar con los aspectos judiciales del desafío soberanista de Cataluña y dirigir, por tanto, a la Abogacía del Estado en estos asuntos. Además, tendrá que poner a prueba sus dotes para la negociación en dos asuntos claves, como son la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir, entre otras cuestiones, sobre si la Prisión Permanente Revisable encaja en nuestra Constitución, y la elección de un nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que será renovado. Una de sus primeras decisiones, además, será la de nombrar a un nuevo fiscal general del Estados, ya que la actual, María José Segarra, que fue una puesta de Dolores Delgado, no continuará en su puesto. Asimismo, quiere acabar con la limitación de los plazos de instrucción. A favor tiene que cuenta con el respeto de las asociaciones de jueces, incluida la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. En medio de todo ello deberá responder también a la carencia de medios que sufre la justicia y que es denunciada desde hace años por los profesionales, y dar forma al compromiso de Sánchez con Casado de modificar el acceso a la judicatura. Se trata de un asunto particularmente espinoso porque siempre ha tenido el «tufillo» de que los que lo proponen lo que quieren en realidad es buscarse «jueces a la carta». En este asunto tendrá enfrente a la mayoría de la carrera judicial, salvo quizá la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.

Interior

La lucha contra el terrorismo yihadista, el crimen organizado y la inmigración irregular se mantienen como los caballos de batalla de este ministerio, en el que las concesiones al populismo se pagan caro. Así, por ejemplo, el socio de gobierno, Podemos, no ha firmado el pacto contra el terrorismo internacional, que sí suscriben el PSOE y el PP, entre otras fuerzas constitucionalistas. La visión de los de Iglesias en cuanto a la inmigración irregular es también diferente, y por si fuera poco el pacto de gobierno entre socialistas y extrema izquierda vuelve a abrir el melón de la ley de seguridad ciudadana, que se quiere derogar y a la que ahora se quiere adjetivar de «progresista», sin definir en qué consiste eso. Las Fuerzas de Seguridad ven con recelo esos vaivenes y no entienden cómo no es posible un amplio pacto de Estado en esta materia tan sensible. Por lo demás, la gestión de las transferencias de Tráfico a Navarra y Prisiones al País Vasco sin duda generarán tensiones. Y al fondo, todo lo que se pueda derivar del desafio secesionista aún vigente en Cataluña.

Exteriores, UE y Cooperación

La nueva ministra de Exteriores tendrá que hacer frente a la gestión del «Brexit» que, previsiblemente, se concretará el próximo día 31 de enero, previa ratificación del Parlamento británico y de la Eurocámara. Otro de los lugares del mundo donde la nueva jefa de la diplomacia española tendrá que fijar su atención será América Latina, una zona donde España siempre ha intentado ejercer su influencia, más ahora con la tensión que se vive en varios de sus países, especialmente Bolivia, con el que se mantiene una latente crisis diplomática, con expulsiones recíprocas de diplomáticos, Venezuela y Cuba, donde la represión sigue siendo moneda común . González Laya se estrena en el cargo además con una crisis internacional en Oriente Medio tras el ataque de EEUU contra el aeropuerto internacional de Bagdad en el que pereció el comandante iraní Quasem Soleimani. Este hecho ha provocado, un aumento de la tensión en una zona ya de por sí conflictiva. También lo hace en un momento de guerra comercial entre EE.UU. y China y entre Washington y la UE, con el establecimiento recíproco de aranceles, que ha afectado de forma muy dura a España. Y tendrá que desarrollar el III Plan África.

Defensa

Margarita Robles tendrá que nombrar una nueva cúpula militar, empezando por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre. Asimismo deberá renovar a los jefes de Tierra, Armada y Aire. Para Jemad, la regla no escrita, según la cual esa figura es rotatoria entre los tres ejércitos, apunta a la designación de un general del Ejército del Aire. Además, la ministra tendrá que firmar el contrato para fabricar el vehículo blindado 8x8 del Ejército de Tierra, que está suspendido tras una decisión tomada por el Ministerio de Defensa el 23 de diciembre. Defensa debe volver a licitarlo. El anterior programa estaba valorado en 2.083 millones para fabricar 348 vehiculos. Se interpreta la suspensión como un modo de presión a la empresa Santa Bárbara Sistemas. Además, La designación de Indra como empresa líder en el programa del futuro avión de combate europeo fue un golpe para Airbus. Recomponer la relación con el gigante aeronáutico será otro de los desafíos.

Sanidad

Salvador Illa, la cuota catalana del nuevo Gobierno, parece predestinado a sostener el legado del exministro Ernest Lluch, el «padre» de lo que ahora se llama Sanidad universal. Sin ninguna formación sanitaria, Lluch aprobó la Ley General de Sanidad, una de las leyes fundamentales del Sistema Nacional de Salud que aseguró la cobertura sanitaria de todos los residentes en España, ya fueran españoles o extranjeros. Y con ella se puso también el germen para promocionar la investigación sanitaria y la coordinación con las comunidades autónomas. Pero Illa se encuentra con un escenario peor que Lluch. Con un ministerio sin competencias y mucha visibilidad, deberá servirse de sus dotes de gran negociador para gestionar con las autonomías y el resto de sectores de la sanidad los retos de una población envejecida que demanda grandes recursos sanitarios y unos profesionales -tanto médicos como enfermeros- muy precarizados. Además de la irrupción de una medicina personalizada con tratamientos que pueden alcanzar el medio millón por habitante.

Antes deberá enfrentarse a dos iniciativas revindicadas por su partido y socio de gobierno: la aprobación de una ley de eutanasia y la reforma de la ley del aborto para que las menores de 16 y 17 puedan interrumpir la gestación sin permiso paterna. No será fácil para Illa, con fuertes convicciones cristianas

Educación y Formación Profesional

Los últimos resultados de PISA demuestran que a España le queda mucho por hacer en materia educativa, en especial en Ciencias y Matemáticas. Los expertos proponen mayor especialización del profesorado y mejora de los contenidos en el caso de Matemáticas y «reducir el curriculum para poder dar menos temario pero profundizarlo más como ha hecho Singapur o Japón», defiende el experto en educación, Ismael Sanz. Además, el nuevo Gobierno deberá reformar la formación de los docentes a través de un MIR educativo, exigido por los propios decanos de educación y hacer frente a la alta tasa de fracaso escolar, del 17,9%.

Sin embargo, lo que la alianza de PSOE y UP ya anunció como prioridad es derogar la LOMCE, perseguir a la concertada a través del aseguramiento de que estos centros informan a las familias de la voluntariedad de las cuotas o potenciando la educación pública en detrimento de la concertada, sobre todo en el nivel infantil, así como impedir la educación diferenciada. Otro capítulo aparte tienen los centros de educación especial que Celaá pretende, como mínimo, reducir, tal como se deduce del proyecto de ley educativa que aprobó el Consejo de Ministros pero quedó en papel mojado ante la convocatoria de elecciones de abril del año pasado.

En cuanto a la FP, los expertos piden que las titulaciones se adapten a lo que necesita el mercado laboral.

Agricultura, Pesca y Alimentación

Las organizaciones agrarias han respirado aliviadas con la continuidad de Luis Planas como titular de Agricultura por su conocimiento de la UE. Hace unos días, el sector había solicitado un Ministerio de Agricultura para defender los intereses del campo español ante el temor de que sus competencias quedasen eclipsadas por el todopoderoso Ministerio de Transición Ecológica.

La globalización de los mercados, la competitividad, el Brexit y el cambio climático serán los principales retos. Nuestra agricultura es responsable de emitir un 11% de los gases de efecto invernadero en España, pese a que somos líderes europeos en agricultura de conservación para emitir menos CO2, con 1,9 millones de hectáreas sobre un total de 15 millones. La intención de la Comisión de destinar un 40% de la PAC a la lucha contra el cambio climático obligará a estar vigilante al reparto de fondos. Sin embargo, la reducción de CO2 debe ser realista, ya que el sector, el cuarto de la UE, es clave en la producción de alimentos, vertebra el medio rural y evita la despoblación.

A nivel interno, el Ministerio, con nexos comunes con Transición Ecológica en cuestiones de agua y productos fitosanitarios, deberá lidiar con destreza.

Respecto a las negociaciones en Bruselas, habrá que estar alerta. La de cal y la arena la hemos vivido con el último acuerdo de pesca, que ha sido positivo, y los aranceles que EE.UU. ha establecido, entre otros, al aceite, la aceituna y el vino, algo muy negativo.

Universidades

Tras año y medio de exigua andadura, el Ministerio de Ciencia y Universidades se dividirá en esta nueva legislatura para dar lugar a dos carteras. Al frente del de Universidades estará el catedrático Manuel Castells. En sus manos recaerá nada menos que devolver el prestigio a las universidades después de las denuncias de plagio en las tesis doctorales. Otro de sus principales retos será la elaboración de una ley de universidades para que nuestro país pueda competir con el resto de centros de edudación superior del ámbito europeo.

Una de las medidas prioritarias que deberá establecer la ley es mejorar la financiación de los centros públicos, la estabilización de las plantillas y la flexibilización de los modelos de contratación para atraer y retener talento.

La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) también ve necesario un aumento de las becas y ayudas a los estudios para garantizar la igualdad de oportunidades y no olvidar la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital.

Consumo

Al frente de un ministerio de nueva creación y con funciones aún por delimitar, Alberto Garzón asumirá como principal tarea la regulación de los juegos de azar. En una carta escrita a los militantes de Izquierda Unida un día después de las últimas elecciones, Garzón mostraba su intención de «frenar la expansión de las casas de apuestas» en los barrios. En el acuerdo para la formación de Gobierno también se apuntan iniciativas comos legislar sobre la publicidad de este sector e introducir medidas para limitar el consumo de juegos de azar con el objetivo de luchar contra la ludopatía. El nuevo Ejecutivo también se ha comprometido a unificar los horarios de apertura de los locales de apuestas en las diferentes comunidades. Por otra parte, el líder de IU, y también militante del Partido Comunista ,tendrá que afrontar retos relativos al etiquetado de los alimentos, la mejora de la ley de defensa de los consumidores, los abusos comerciales y el endurecimiento de sanciones por prácticas empresariales que atenten contra los ciudadanos, tal y como le reclaman desde las asociaciones de consumidores.

Cultura y Deportes

El primer reto del nuevo ministro de Cultura es conocer en detalle el sector, en el que es neófito. Va a tardar cierto tiempo en visitar las instituciones culturales de cabecera (el Prado, el Reina Sofía, el Arqueológico, la Biblioteca Nacional… para empezar) y conocer a los equipos respectivos, así como en decidir sobre los responsables de las distintas áreas del propio ministerio , Bellas Artes, Libro y Fomento de la Lectura, Industrias Culturales y Cooperación, ICAA (cine) e INAEM (artes escénicas). Entre los retos más urgentes a abordar destaca el futuro de la SGAE, de cuya gestión se han querido ir centenares de autores y editores pero no han podido porque el Ministerio ni ha metido a la entidad en la disciplina que prometió (todas sus iniciativas legales han fracasado) ni ha permitido otra licencia de gestión colectiva para los músicos. Además, se hablará de nuevo del Archivo de Salamanca y los papeles nunca devueltos por Cataluña.

Ciencia

El ministro astronauta repite, aunque ya no tendrá el triángulo del conocimiento bajo su mando. Mantiene competencias en Investigación e Innovación, pero no las de Educación superior, una incongruencia criticada por los rectores y los propios científicos porque el 70% de la producción científica se realiza en las Universidades. En su mano está la puesta en marcha de un Pacto de Estado por la Ciencia para que la política científica coordine las políticas públicas mediante la generación de conocimiento. Y resolver «urgencias», plantean por los científicos: eliminar la precariedad de los investigadores, facilitar una financiación sostenible o reducir la burocracia para ejecutar el 100% del presupuesto.

Igualdad

De la Vicepresidencia de Pablo Iglesias cuelga el Ministerio de Igualdad, al frente del cual estará Irene Montero, y que tiene como retos primordiales el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre las medidas más importantes de este acuerdo, se encuentra aplicar el convenio de Estambul, garantizar la independencia económica de las mujeres que han sufrido violencia machista y comenzar también a contabilizar a aquellas «víctimas» que no tienen una relación sentimental con su agresor.

En el ámbito laboral, la nueva ministra tendrá que desarrollar nuevas medidas para garantizar la paridad en el mercado laboral, reducir la brecha salarial, la conciliación laboral y la corresponsabilidad familiar.

La reforma de los delitos sexuales para que «solo sí sea sí» -una de las primeras medidas que Sánchez se propone aplicar en materia de Igualdad- puede recaer en el área de Montero o continuar en Justicia, que dirigirá Juan C. Campo.

El pacto de Gobierno de coalición se propone además perseguir a las agencias de vientres de alquiler y frenar la trata y explotación de las mujeres. Sin embargo, esto no supondrá entrar en el tema de la prostitución, según se desprende del acuerdo entre Sánchez e Iglesias dado a conocer el pasado día 30 de diciembre.

*Con información DE N. Ramírez de Castro, E. Montañés, J. G. Stegmann, J. Tahiri, M. Cuesta, J. Nates, G. Ginés, T. S. Vicente, S. Alcelay, I. Miranda y J. G. Navarro, J. G. Calero, V. R. Almirón, E. Villarejo, N. Villanueva y P. Muñoz

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