La juez asume la investigación y confirma el cierre de los colegios

Orden judicial de «impedir» el referéndum ilegal del 1 de octubre: cierre de los «colegios electorales», «impedir» su actividad y «requisar todo el material relacionado» . La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó ayer la instrucción emitida el día anterior por la Fiscalía y ordenó a los Mossos d’Esquadra, pero también a la Guardia Civil y la Policía Nacional, «impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o edificios públicos (...) para la preparación de la celebración del referéndum». El auto de la magistrada que instruye las querellas contra los miembros del gobierno catalán implica que ella asume la investigación, y aparta de la misma a la Fiscalía, a la que ordena «cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones» que ha venido desarrollando hasta ahora. El día anterior el presidente Carles Puigdemont había solicitado precisamente esta medida, a la que la magistrada no alude.

El auto se conoció solo unas horas después de la reunión que mantuvieron los cuerpos policiales encargados de gestionar el operativo del 1-O, bajo las órdenes del fiscal superior de Cataluña y la coordinación del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al que la juez ratifica en su cometido. En esta reunión, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, advirtió al fiscal las dificultades de llevar a cabo sus instrucciones –sobre todo, la de precintar los «colegios electorales»– ya que algunos locales (privados y públicos) tienen actividad el domingo y su cierre podría suponer una «afectación de los derechos fundamentales» . Trapero se refiere en su carta, a la que ha tenido acceso ABC, a locales como centros de salud,o residencias o «entidades religiosas».

De esta manera, los Mossos informaron de la imposibilidad de «adoptar las medidas requeridas sin contar con el previo mandamiento judicial». El auto del TSJC llegaría apenas unas horas más tarde. Además, Trapero señaló que la policía autonómica actuará siempre basándose en «los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia que, con carácter general, rigen cualquier actuación policial» . Pese a las discrepancias de criterio entre la Fiscalía y Trapero, fuentes del Ministerio del Interior mostraron su satisfacción por el compromiso de los Mossos de cumplir las órdenes.

Precisamente, en su auto la magistrada matiza la instrucción de la Fiscalía y ordena que el cierre de los locales se haga teniendo en cuenta que en algunos «colegios electorales» se llevan a cabo «servicios públicos», por lo que «se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias» directamente relacionadas con la votación el día 1 , «cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias». De la misma manera, la magistrada ordena «requisar todo el material» relacionado, pero no especifica nada sobre la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta en la calle, como sí apuntaba el fiscal en su instrucción.

Por otro lado, Carles Puigdemont, convocó para hoy la Junta de Seguridad de Cataluña, sin previo acuerdo con el Gobierno. A la reunión acudirá el secretario de Estado de Interior, pero probablemente ningún mando de la Policía y de la Guardia Civil.