José Manuel Maza
José Manuel Maza - EFE

PSOE y Cs se unen para pedir la reprobación y el cese de los fiscales Maza y Moix

Defienden que el fiscal «ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar» la Operación Lezo

Madrid Actualizado: Guardar
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El PSOE y Ciudadanos han registrado esta tarde en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para reprobar al Fiscal General de Estado, José Manuel Maza, y el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, por «obstaculizar» la tarea de los fiscales en la investigación de los casos de corrupción.

En primer término, el texto se refiere a la actuación de Moix, del que PSOE y Ciudadanos dicen que «ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales» encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción. Y señalan también que Moix dio «instrucciones contrarias» a determinados registrosen el marco del caso Lezo. Y también inciden en su intento por apartar a uno de los fiscales encargados del caso.

La PNL «exige su renuncia» e insta al Gobierno a iniciar los trámites que sean necesarios según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para «hacer efectiva su destitución».

En lo que respecta al Fiscal General del Estado, PSOE y Ciudadanos le acusan de «haber venido respaldando» a Moix en sus actuaciones, en lugar de «garantizar el sometimiento del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los fiscales». Recuerdan también en el caso de Maza que hace meses impidiese que la fiscalía acusara al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez «a pesar de que los fiscales del caso veían motivos para imputarlo».

También critican la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados de investigar el «caso tres por ciento» en Cataluña han sisdo sustituidos por otros fiscales. En su caso, el texto «insta al Gobierno a proceder a su cese» por lo que considera «un incumplimiento grave y reiterado de sus funciones».

La exposición de motivos de la PNL concluye con una crítica conjunta: «Es absolutamente inadmisible que quienes están constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, poniendo bajo sospecha a la propia institución del Ministerio Público, especialmente en las causas judiciales que se siguen por delitos relacionados con la corrupción, y en los que están implicados personas que han ocupado relevantes cargos públicos».

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