El PSOE buscará también borrar las «devoluciones en caliente»

La Comisión Europea lo declaró en 2016 compatible con su Directiva de Retorno

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska AFP
Laura L. Caro

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Junto a la retirada de concertinas , el programa electoral del PSOE con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones de 2016 incorporó otras dos medidas que implicarían un cambio sustancial en el modelo de gestión migratoria. Una es la modificación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en la que ya trabajó el anterior Ministerio del Interior con objeto de hacer estas instalaciones más «humanas». La otra es la derogación de la Disposición Adicional de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, incluida en el recurso ante el TC que los socialistas interpusieron contra esa norma y que, a su juicio, «pretende legalizar las denominadas "devoluciones en caliente"».

La introducción de aquel mecanismo de «rechazo» -palabra exacta que emplea el texto- en esas fronteras se produjo a instancias de la Guardia Civil, según fuentes legislativas consultadas por este diario, y como vía intermedia entre el uso de la fuerza física para repeler los asaltos (no hay que olvidar que José Luis Rodríguez Zapatero envió dos meses en 2005 al Ejército para hacerlo) y lo que sería la solución «ideal»: la tramitación de la devolución administrativa de extranjeros a Marruecos, que está soportada por un acuerdo firmado en 1992 que entró en vigor cuando Rabat lo publicó veinte años después, y que prácticamente no se ha aplicado nunca.

La cobertura normativa dada a esta acción en 2015 ha evitado que muchos agentes se vieran sentados en el banquillo de los acusados por abrir la puerta de la verja por la parte que da a Marruecos y devolver a través de ella a los inmigrantes, una práctica respaldada por el «protocolo de actuación integral en los perímetros de Ceuta y Melilla» que Interior difundió en octubre de 2014, según el cual la entrada en España no existe si no se «rebasa completamente» el doble vallado.

La regulación del rechazo en frontera menciona expresamente el respeto a los derechos humanos y a las normas internacionales, razón por la que la Comisión Europea, a través del comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, respaldó en 2016 esta práctica declarando que es compatible con su Directiva de Retorno . En particular, se tuvo en cuenta que España instalara oficinas en las fronteras de Ceuta y Melilla «en las que los nacionales de terceros países pueden presentar su solicitud de asilo», aunque las ONGs han denunciado que, en realidad, a los inmigrantes no se les da esa oportunidad.

Frente a la intención del PSOE de eliminar esta práctica, quienes la defienden subrayan que solo quedarán dos alternativas, «que se redoble el uso de la fuerza, o que entren todos los que quieran hacerlo».

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