El permiso de paternidad, amenazado: los letrados del Congreso examinan si es inconstitucional
Cs pide un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre si un decreto ley puede para modificar una ley orgánica
Nuevo riesgo para la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad. La Mesa de la Diputación Permanente ha acordado pedir, a instancias de Ciudadanos y con el apoyo del PP, un informe jurídico a los letrados del Congreso sobre si es constitucional modificar una ley orgánica -la Ley de Igualdad- a través de un decreto-ley, como pretende el Gobierno.
La Mesa de la Diputación Permanente volverá a reunirse mañana para examinar el informe jurídico y, según el vicepresidente primero de la Mesa, Ignacio Prendes, (Ciudadanos), si recogiera dudas sobre la constitucionalidad del decreto-ley del Gobierno y la Mesa decidiera rechazar su tramitación, el texto dejaría de estar en vigor con carácter inmediato, sin esperar a los treinta días que la Constitución otorga para su convalidación. En ese supuesto la ampliación del permiso de paternidad no llegaría a hacerse efectiva dado que el Gobierno estableció su puesta en marcha para el próximo día el 1 de abril.
Prendes apoya sus dudas en que el texto publicado en que el decreto-ley reconoce textualmente que «el artículo 1 plantea la modificación de la citada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres», cuando la materia reservada a ley orgánica no puede ser regulada mediante la figura del decreto-ley. Recuerda el procedimiento especial necesario para la aprobación de la primera (requiere mayoría absoluta de las dos Cámaras) frente a la tramitación aligerada del segundo y pone sobre la mesa una sentencia del Tribunal Constitucional en 1986 declarando inconstitucionales varios párrafos de un decreto-ley de reforma administrativa precisamente por esta causa.
« Es una cuestión de control técnico-jurídico, no estamos entrando en el fondo ni en el contenido político», ha defendido el vicepresidente primero del Congreso. «No haríamos bien nuestra función si ante una situación como ésta no advirtiésemos de esa inconstitucionalidad porque no se ha dado nunca o se ha dado una vez y el TC la ha tumbado », ha abundado.
A juicio de Prendes, el Gobierno de Sánchez está pretendiendo «atropelllar a la Cámara» con una «utilización absolutamente torticera del decreto-ley». «El mismo que disuelve pretende usurpar el poder de la Cámara», ha cargado.
Prevaricación, dice el PSOE
El informe solicitado por Ciudadanos y el PP ha enervado al PSOE. El secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas, ha considerado que la maniobra de hoy roza la «prevaricación» ya que los letrados han advertido en la reunión de manera verbal y de modo «taxativo, clarísimo» que la Constitución y el Reglamento «obliga a someter a convalidación los decretos-ley del Gobierno».
«No pueden hacerlo (vetar el decreto-ley) no pueden impedir que se someta a la convalidación. Mañana hay una nueva reunión de la Mesa y allí deberán rectificar porque si no, cometeran prevaricación», ha advertido. «Esto lo saben Prendes y Pastor porque los letrados de la Cámara se lo han aclarado», ha abundado.
En esta línea, ha acusado a ambos grupos de utilizar el Congreso de manera «sectaria» para intentar que «el Gobierno no gobierne». «Como PP y Cs ya no pueden frenar las iniciativas del PSOE o del Gobierno con el veto presupuestario o la ampliación sistemática de plazos de enmiendas utilizan otras artes y herramientas fraudulentas», insistió. «Quien establece la constitucionalidad en última instacia es el TC, no Prendes ni Pastor, esto es muy grave está rayando el delito de prevaricación», ha abundado.
Simancas también argumenta que el 90 por ciento de la materia regulada por la Ley de Igualdad es de carácter ordinario y que el decreto-ley del Gobierno no modifica ninguna de las partes consideradas de carácter orgánico. Insiste, así, en que el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo es completamente constitucional. «Las excusas que están planteando para no someter el decreto-ley a la Diputación Permanente son tan falsas como fraudulentas», cargó.
Para el dirigente socialista, «quien determina si un decreto debe convalidarse o no y si responde a las condiciones de extrema y urgente necesidad es el pueblo español representando en el pleno del Congreso o en la Diputacion Permanente». «Ciudadanos no se limita al tongo, al pucherazo y al chanchulleo en sus procesos internos sino que ahora quiere llevar el tongo, el pucherazo y el chanchulleo al Congreso y no se lo vamos a permitir», ha advertido.
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