El Parlamento balear rechaza la actuación del Gobierno en Cataluña gracias a la abstención del PSOE

Podemos y MÉS por Menorca, aliados de la socialista Armengol, han conseguido sacar adelante una enmienda de adición a una proposición no de ley de la formación morada sobre la independencia del Poder Judicial

La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol (izda) junto a su vicepresidente y consejero de Turismo, Biel Barceló de MÈS EFE
Josep María Aguiló

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El Parlamento balear ha aprobado en el pleno de este martes, de manera inesperada, una enmienda de adición presentada por MÉS por Menorca a una proposición no de ley de Podemos relativa a la independencia del Poder Judicial. Ambas formaciones han pactado el texto definitivo de dicha enmienda, que señala que la Cámara regional expresa su rechazo a que «con la excusa de evitar la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña, se dificulte o persiga el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho de reunión pacífica y, en consecuencia, insta al Gobierno del Estado a dejar de instrumentalizar a la Fiscalía para afrontar un conflicto de naturaleza política».

El PSOE ha optado por abstenerse en relación a dicha enmienda, en una decisión de arriesgado cálculo político que, por una parte, tenía como propósito no desairar a dos de sus aliados en el Parlamento balear y, por otra, pretendía facilitar que a la postre el nuevo punto no pudiera salir adelante por el presumible voto en contra del PP y de Ciudadanos.

Cabe recordar que en la presente legislatura la presidenta de Baleares es la socialista Francina Armengol, que cuenta en su Ejecutivo con consejeros del PSOE y de MÉS por Mallorca . Armengol cuenta además con el apoyo externo de Podemos y de MÉS por Menorca, al que normalmente se suman las dos diputadas que fueron expulsadas por la formación morada meses atrás.

A la hora de votar hoy la mencionada enmienda, una serie de circunstancias no previstas del todo por los socialistas han hecho que el resultado de la votación fuera finalmente de 20 votos a favor, 19 en contra y 17 abstenciones. De ese modo, ha podido salir adelante el texto pactado por Podemos y MÉS por Menorca, en el que se acusa al Gobierno central de instrumentalizar a la Fiscalía para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

En el debate previo a la votación, el PSOE había presentado «in voce» una enmienda transaccional , indicando que si se suprimía cualquier referencia concreta al referéndum catalán, votaría a favor del texto de Podemos y de MÉS por Menorca. Las enmiendas transaccionales, para ser aceptadas por la Cámara, han de contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. El PP se ha opuesto a que fuera admitida dicha enmienda, por lo que finalmente se ha votado el texto originario pactado por Podemos y MÉS por Menorca.

Han votado a favor de la citada enmienda los ocho diputados de Podemos, los seis de MÉS por Mallorca, los tres de MÉS por Menorca, la diputada de Gent per Formentera y dos de los tres diputados con que cuenta Proposta per les Illes (PI) en la Cámara. Por su parte, han votado en contra 16 diputados del PP, los dos de Ciudadanos y el diputado del Grupo Mixto Álvaro Gijón , exmilitante popular. El PP cuenta con un total de 19 diputados en el Parlamento regional, pero tres no han podido asistir hoy al pleno por enfermedad. En cuanto a las abstenciones, han correspondido a los 14 diputados del PSOE, a un diputado de PI y a las dos diputadas del Grupo Mixto Xelo Huertas y Montserrat Seijas, exintegrantes de Podemos.

La proposición no de ley de Podemos sobre el Poder Judicial debatida hoy en la Cámara regional constaba de un total de siete puntos. Socialistas y populares han votado en el mismo sentido en relación al punto cuarto, votando en contra de instar al Gobierno central a «cambiar el modelo de elección del Consejo del Poder Judicial». Por su parte, el PP ha votado a favor del punto primero de la propuesta de Podemos, en el que se insta al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a «garantizar la independencia del Poder Judicial y a no cambiar a fiscales en procesos en curso, especialmente en las investigaciones de casos de corrupción».

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