Ocho díscolos del PSOE recurren la multa de 600 euros al verla «improcedente»

Los ocho diputados del PSOE que rompieron la disciplina de grupo al votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy han recurrido este miércoles la sanción de 600 euros por considerarla «improcedente», al alegar que su voto fue por razones de conciencia y por respeto al programa electoral del partido.

El Comité Director del PSOE en el Congreso notificó la multa el pasado día 7 a los quince diputados que se negaron a abstenerse, incluidos a los siete del PSC, si bien estos han decidido no presentar recurso y asumir la sanción.

Los ocho diputados que han recurrido de forma individual son Odon Elorza, Susana Sumelzo, Margarita Robles, Rocío de Frutos, Pere Joan Pons, Sofía Hernanz, Zaida Cantera y Luz Martínez Seijo.

En su texto, al que ha tenido acceso EFE, aseguran que la dirección del grupo socialista «no ha respetado, ni tenido en cuenta» que el reglamento interno del grupo establece la posibilidad «de la libertad de voto por razones de conciencia», cuando existían «razones excepcionales» que lo justificaban.

Recuerdan que el reglamento «no tipifica ninguna infracción, ni sanción, para el supuesto de que un diputado vote en sentido contrario a la orientación del voto establecida por el Comité Federal».

«El Comité Director sólo podría sancionar si la infracción consistiera en la emisión de un voto contrario a la orientación acordada por el grupo, algo que como se ha visto no ha tenido lugar en este caso», se dice en el texto.

Subrayan que su voto contrario a Rajoy respetó el programa electoral del PSOE, por lo que no creen «una buena política de un partido centenario, caracterizado por la justicia, la pluralidad y la igualdad, sancionar por cumplir con la palabra dada, por mantener la coherencia» y ser fiel a «un ideario absolutamente opuesto a la corrupción y a las políticas de derechas del PP».

«Mi voto, además de por razones éticas y de defensa del proyecto del PSOE, quiso también reflejar el sentir mayoritario de nuestra militancia y de nuestros votantes, con los que nos comprometimos a hacer lo contrario de lo que finalmente votamos en la investidura de Rajoy», se remarca.

Para los díscolos, el Comité Director «pretende aplicar una sanción improcedente por el fondo y por la forma» que rige el reglamento interno, por lo que en consecuencia, «no puede acordar ninguna de las sanciones previstas en él».

Algunas de las diputadas añaden en el recurso una queja por haber sido sancionadas «doblemente», al ser apartadas de las portavocías que ocupaban en algunas comisiones.

Responsabilizan a la dirección del grupo de haber creado «un grave agravio comparativo», puesto que en otras ocasiones en las que se rompió la disciplina de voto, o bien no hubo castigo o se aplicó uno solo, pero no se tomaron medidas sobre las portavocías.