Natividad Jáuregui, alias «Pepona»: del tiro en la nunca a empresaria de catering «chic»

En el restaurante de Gante donde trabajaba cuando fue detenida Natividad Jáuregui (San Sebastián, 1958), presunta pistolera del «comando Vizcaya» que en 1981 mató a bocajarro al teniente coronel Ramón Romeo, se sirven mariscadas de lujo para dos por 130 euros y botellas de Dom Pérignon a 215. Un sitio con clase.

Actualmente, cuentan fuentes que investigan, ella tiene su propia empresa de catering con la que hace caja gracias a una fama de buena cocinera que se ha granjeado y con la que se ha hecho un nombrecito entre los chefs locales.

« Pepona», -también apodada «Jaione»- es una mujer con suerte. Sólo así se explica que en 2002, estando huida en México tras haber pasado unos años en Francia, su pareja sentimental y en el crimen de Ramón Romeo fuera detenida y ella no. Por eso se marchó a esconderse a Bélgica, donde un segundo golpe de fortuna quiso que fuera atrapada por la Policía, pero que los jueces decidieran en mes y medio dejarla en la calle.

Y desde entonces, no ha habido manera: la justicia belga dice que es buena chica, que en España puede que «sus derechos fundamentales no se vean respetados» y que, total, solo era una «veinteañera resistente vasca» cuando pasó lo del teniente coronel.

Lo del teniente coronel fue un tiro, uno solo, en la nuca el 19 de marzo de 1981, cuando salía de misa. Las declaraciones de los testigos certifican que quien disparó fue ella. El militar tenía entonces 52 años y llegó al hospital con vida suficiente para ser operado y agonizar durante dos días.

Por este crimen están pagando cárcel tres etarras del «comando Vizcaya», el de «Pepona», al que se atribuyen al menos otros cinco muertos. Ella no ha sido juzgada nunca aún.

Los hijos del teniente coronel Ramón Romeo exigen que sea juzgada: «Que la traigan a España y que sea juzgada. Luego que decidan si la condenan o no, pero que sea juzgada». Eso decía ayer Carmen, una de los cinco hijos de Romeo, que recurren ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras haber invocado el amparo de la Defensora del Pueblo, el del Gobierno y el de cada institución, organismo capaz de ayudarles a avanzar un milímetro hacia una justicia que lleva 35 años esquivándoles.

Con su demanda ahora esperan revertir los criterios de los tribunales de Bélgica y lograr la extradición de «Pepona». En sesenta folios, el escrito pide protección para sus derechos como víctimas del terrorismo y, con especial énfasis, se subraya documentalmente la evidencia de que España es una democracia consolidada donde se respetan los derechos fundamentales de los presos. También de los que matan.

Hasta ahora se han dictado tres órdenes de detención contra la terrorista: dos de la Audiencia Nacional de 2004 y 2005 y la última, de 2015, todas desestimadas por jueces belgas que ven a ETA como un movimiento de «resistencia armada» que se alzó contra la franquismo.