Más de 100 imputaciones a cargos del PP se cerraron sin condena

Más de cien cargos del Partido Popular (PP) han sido exonerados de alguna acusación tras ser investigados en los juzgados, la mayoría por una supuesta corrupción que no pudo probarse. Fuentes próximas a esta formación elevan hasta 108 las acusaciones contra políticos populares que han sido cerrados sin condena: 46 archivados, 36 a los que se les levantó la imputación y 26 absueltos. Este desenlace no significa que estos cargos no hayan dejado de ser condenados por otros delitos (en las mismas u otras causas), pero sí supone que muchas acusaciones quedaron en nada, después del recorrido, mediático y judicial, de algunos casos.

Los cargos archivados y las imputaciones retiradas no traspasaron la frontera del juicio: estos casos se cerraron durante la instrucción, que concluyó que los indicios no eran suficientes para enjuiciar a los políticos investigados.

Estos procesos, que afectaron a políticos de primera, segunda y tercera fila, han tenido lugar en doce comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid y Murcia) y en la ciudad autónoma de Melilla. Algunos siguen en sus cargos, otros han viajado a nuevos destinos políticos y otros han abandonado sus puestos, bien por haber dimitido ante el revuelo causado -como Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat de Valencia y del PP de dicha comunidad- o por haber sido deslojados por la aritmética política, como Manuel Reyes, que fue alcalde de Casteldefels entre 2011 y 2015.

Los trajes de la Gürtel

Uno de los casos que más titulares protagonizó, el supuesto soborno de empresas de la trama Gürtel a Camps a cambio de trajes de vestir, finalizó con la absolución del expresidente del PP valenciano, con cinco votos contra cuatro del jurado del caso. Algunos implicados fueron condenados al asumir los hechos que les imputaban. En la misma causa fue absuelto Ricardo Costa, el exsecretario general de la formación en la Comunidad Valenciana. Costa está, eso sí, imputado en la causa que investiga una posible financiación irregular del PP en Valencia.

El tribunal popular consideró que no quedó probado que los políticos populares aceptaron los regalos de la trama corrupta, cuyas actividades principales están pendientes de juicio. Camps, siempre en el ojo del huracán, dimitió de su cargo tiempo antes.

Algunos cargos políticos con gran actividad en la actualidad, como el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, o el presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, también fueron exonerados en procesos judiciales por muy diferentes causas.

En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias cerró una causa abierta contra Soria, entonces el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del gobierno regional, por sus relaciones con el empresario Bjorn Lyng, en cuyos complejos hoteleros pasó sus vacaciones el actual ministro. La Justicia consideró que no hubo soborno, que Soria pagó sus vacaciones y cerró el llamado caso Salmón.

El paso de García Albiol por los tribunales no tuvo que ver con un supuesto delito de corrupción. Un juzgado de Barcelona archivó una causa abierta contra el que fuera alcalde de Badalona, quien fue denunciado por delitos de odio y de discriminación. La Fiscalía pedía un año de cárcel para él por relacionar a los inmigrantes rumanos con la delincuencia en unos panfletos distribuidos en la campaña de las elecciones municipales de 2011. El juez concluyó que su intención no era incitar al odio, sino poner de «manifiesto un problema» o conseguir «votos».

Estos casos también han implicado a cargos políticos locales y autonómicos más desconocidos, algunos de los cuales han criticado que las denuncias tenían motivaciones políticas. Un juzgado archivó, por ejemplo, una querella interpuesta por el PSOE contra Javier Iglesias, el presidente de la Diputación de Salamanca, por una supuesta prevaricación por el despido de trabajadores para contratar a otros. Después del archivo, Ortiz criticó que la querella era «política y solo buscaba hacer daño político».

El caso Imbroda

Otro cargo popular, el exalcade de Casteldefels Manuel Reyes, estuvo imputado junto a otros 68 regidores y exregidores de municipios catalanes (muchos de ellos socialistas), acusados de cobrar sobresueldos en forma de dietas por asistir a las reuniones de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). La Audiencia de Barcelona dio carpetazo al asunto al argumentar que esta asociación no es una entidad pública, con lo que no pudo haber malversación de caudales públicos. El exalcalde ganó las últimas elecciones municipales con una gran diferencia sobre el segundo pero una coalición de izquierdas evitó que siguiera al mando de la localidad barcelonesa.

La imputación contra el exalcalde de Ferrol, José Manuel Rey, por el caso Pokemon (una trama que supuestamente sobornaba a administraciones gallegas a cambio de adjudicaciones) tras comprobar que su voz no se correspondía con la de uno de los implicados en una de las grabaciones del sumario. La investigación, mientras tanto, le atribuyó un supuesto delito de cohecho. Hasta el Tribunal Supremo ha cerrado en dos ocasiones las puertas de una investigación al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, al descartar que hubiera cometido delitos.