Junqueras califica la querella de la Fiscalía «de interpretación novelada» de la realidad de Cataluña
Los exconsejeros de ERC recurren su encarcelamiento preventivo y denuncian indefensión por una citación urgente
Argumentan que no puede existir reiteración delictiva con la Generalitat intervenida por Rajoy con el 155
Los antiguos consejeros de la Generalitat de Carles Puigdemont quieren salir de prisión para participar en la campaña electoral de los comicios catalanas convocados para el 21 de diciembre .
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Con ese argumento, cuatro exgobernantes catalanes – Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó , todos de ERC– han recurrido su encarcelamiento preventivo, y han alegado la indefensión que les provocó una citación judicial urgente, que les obligó a comparecer en la Audiencia Nacional en menos de 24 horas.
Los cuatro están imputados por los delitos de rebelión, o sedición, y malversación. La juez Carmen Lamela ordenó su ingreso en prisión para que no se fuguen, siguiendo el ejemplo de Puigdemont, y para evitar que sigan delinquiendo, empujando hacia la independencia de Cataluña por vías ilegales. Ellos niegan ahora esos riesgos.
Solo efectos políticos
En sus recursos de reforma, presentados en el juzgado de Lamela y a los que accedió ABC, los investigados argumentan que su estancia en prisión «lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política». El abogado de los cuatro imputados, Andreu Van den Eynde, considera que la juez debió tener en cuenta esta «situación preelectoral» y califica por ello de «profundamente desproporcionada» la decisión.
La prisión preventiva es una medida que pueden acordar los jueces, siempre a petición de una acusación, para evitar que un investigado entorpezca una investigación. Supone el ingreso en la cárcel de una persona que aún no ha sido juzgada ni condenada.
Los exconsejeros también niegan que puedan reiterar en los delitos, dado el nuevo escenario en Cataluña tras la intervención de la Generalitat por Rajoy con la aplicación del artículo 155 de la Constitución . «El Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras el 27 de octubre». Los recursos también aseguran que la declaración de independencia culminó «un supuesto plan que, por lo tanto, habría terminado». Eso imposibilitaría que sigan delinquiendo, según ellos.
Los recursos se permiten reflexiones políticas . Los exconsejeros reconocen que la declaración unilateral de independencia que votó el Parlament no tuvo efectos jurídicos, al atribuirle un «valor estrictamente político». Además, al criticar las tesis de la querella de la Fiscalía, califican el plan secesionista ilegal de «un proceso de autodeterminación nacional». El abogado califica la querella del Ministerio Público «de una curiosa interpretación novelada de lo que ha sucedido en Cataluña durante los últimos dos años». Argumenta que no concreta ningún hecho violento o de coacción.
El abogado también denuncia que la juez no suspendiera las declaraciones, como sí acord ó el juez del Tribunal Supremo que investiga a Carme Forcadell y cinco antiguos miembros de la Mesa del Parlament. «El tiempo enre la citación y la toma de declaración resulta objetivamente insuficiente para preparar una defensa con garantías», argumenta Van den Eynde , que alega que solicitó esta medida por el sistema informático de la Audiencia Nacional. Entre otras razones, porque al comenzar los interrogatorios se encontraba en el Supremo, por la citación de Forcadell. La juez rebatió que nadie pidió la suspensión oralmente y explicó que pueden volver a declarar «cuantas veces quieran».
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