El juez sitúa por vez primera al Gordo en la organización criminal de Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de dar un respaldo definitivo a la operación Tándem. Por primera vez admite en un auto que el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo o Big, está integrado en la organización criminal de Villarejo de manera «innegable», tal y como ha sostenido Anticorrupción desde que ordenó su detención el pasado julio.

«Si la actividad desplegada en las piezas de Land» (la que afecta a las García Cereceda) y «Iron» (a un bufete de abogados) «se referían a un apoyo logístico a la organización, en el caso del llamado proyecto Kitchen (espionaje y robo de material a Luis Bárcenas) esta colaboración por sí sola presenta una coordinación en el tiempo que le sitúan muy próximo a la organización delictiva» , recoge el auto dictado por el magistrado. Por este motivo tiene que haber, dice, una investigación conjunta.

Su antecesor el juez Diego de Egea decidió, contra el criterio de la Fiscalía y de modo aleatorio, abrir unas diligencias separadas sin apreciar la pertenencia a dicha organización criminal en el caso de García Castaño. El auto que acumula ambos casos es especialmente relevante por el papel primordial que atribuye a este comisario. No solo en la pieza Kitchen (secreta y que involucra ya a cinco policías , incluido el exdirector adjunto, Eugenio Pino y en la que se sigue el pago con fondos reservados de Interior al chófer de Bárcenas), sino también en la pieza del BBVA, además de en las ya citadas Land y Iron o Pintor.

El juez detalla el papel de Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, uno de los destinos más sensibles de la Policía. Los primeros pasos de la investigación contra él se basan en los pagos recibidos como contraprestación por obtener información reservada para Villarejo y los suyos en proyectos millonarios que pagaban terceros (inicialmente el bufete Herrero y la dueña de La Finca, Susana García Cereceda). El Gordo les daba datos bancarios y tributarios secretos y listados de tráfico de llamadas telefónicas, cuyo acceso «es restringido y precisa de autorización judicial con fines de investigación», señala el magistrado. El comisario se prevalía de su condición policial y «muy específicamente por la facilidad para contactar con las entidades bancarias, la Agencia Tributaria y los responsables de las compañías telefónicas». Ese acceso solo era posible por «su destino en puestos sensibles para la seguridad del Estado».

Tras su detención, García Castaño aseguró al juez que proporcionaba esos datos porque se lo ordenaban sus superiores , pero ninguno de los dos casos citados estaban judicializados, sino que eran encargos particulares. Anticorrupción fecha el «consorcio criminal» liderado por los dos comisarios en 2005, de cuando datan las primeras grabaciones halladas hasta ahora. La investigación ha revelado que el Gordo acumula en sus cuentas bancarias más de 600.000 euros en efectivo, cantidad que habría logrado en diez años y que supera al monto de sus nóminas como comisario en ese mismo periodo, según fuentes del caso. Él alega que 150.000 proceden de sus regalos de boda y el resto deben ser «un error del banco». El magistrado aduce que hay una comunidad de intereses sobre el reparto de beneficios e insiste en la vinculación «estable» con el entramado profesional de Villarejo.

Este entendimiento, dice García Castellón, es «incuestionable» en el proyecto Kitchen en el que se ha demostrado la relación directa de ambos con el exchófer (ahora policías) Sergio Ríos y con el que fue asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. «Ambos se involucran en el operativo, se interesan por el resultado y gestionan una información que nunca llegaría a ser judicializada».