El juez procesa a nueve personas por las actividades de la trama Gürtel en Jerez

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha cerrado la investigación sobre las actividades de la trama Gürtel en Jerez, una causa por la que la antigua alcaldesa, María José García Pelayo, del PP, está siendo investigada en el Tribunal Supremo. El magistrado ha dictado el auto de transformación del caso a procedimiento abreviado (lo que equivale al procesamiento) y ha mantenido la causa contra nueve personas, entre ellos los empresarios Francisco Correa y Pablo Crespo, exdirigente del Partido Popular en Galicia, su número dos.

Esta pieza separada del caso investiga tres contratos otorgados por el ayuntamiento de Jerez a las empresas de Correa, que fueron adjudicados con «groseras ilegalidades», según concluye el juez. Se trata de tres contratos otorgados con motivo de la adjudicación del stand de la localidad andaluza en la feria de turismo Fitur en 2004.

El importe de los contratos, que se otorgaron directamente a las empresas de Gürtel, ascendió a 355.391 euros. Se referían, además del stand, a la celebración de dos eventos con motivo de la feria: un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del parque de Retiro de Madrid. Además de Correa y Crespo, han sido procesadas siete personas vinculadas al ayuntamiento o las empresas adjudicatarias en el momento en el que tuvieron lugar los hechos investigados.

El juez relata que los contratos y los documentos administrativos necesarios para las adjudicaciones fueron elaborados cuando ya había finalizado la feria de Fitur en 2004. Las empresas de Correa llevaron a cabo los pasos para ejecutar los servicios antes de les fueran otorgadas las adjudicaciones de manera formal. El órgano que lo hizo, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez, no tenía competencia y era consciente de ello, asegura el magistrado.

Los contratos se otorgaron sin ninguna competencia, no hubo concurso público, y no se exigieron los requisitos objetivos necesarios. Estos hechos son constitutivos así de un supuesto delito de prevaricación continuada, expresa De la Mata, puesto que «se produjeron actos administrativos objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales, que ampararon una situación en la que se prescindió total y completamente del procedimiento establecido por la ley». Las acusaciones del caso tienen ahora diez días para presentar sus escritos de acusación.