El juez imputa a un funcionario de Hacienda y dos inspectores jefe por dar información secreta a Villarejo

La investigación judicial acaba de dar un paso importante a la hora de identificar a algunos de los funcionarios que facilitaban información confidencial que luego era utilizada por José Manuel Villarejo para la elaboración de sus informes, por los que luego cobraba importantes cantidades de dinero. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso tras la salida de Diego de Egea, ha imputado a un inspector de Hacienda y dos inspectores jefe de la Policía , ya jubilados y que estaban destinados en la Comisaría General de Información, como sospechosos de haber facilitado esos datos reservados al jefe de la trama.

Esta decisión se produce en el marco de la pieza separada número 2 de la causa, llamada Iron , y que versa sobre el espionaje a un bufete. En el informe del mismo nombre, elaborado por Cenyt, sociedad propiedad del excomisario, se encontraron datos tributarios y movimientos bancarios de la empresa Balder Ip Law , un despacho de abogados competencia del anteriormente citado. No solo eso; además constaban datos personales de personas relacionadas con esa mercantil cuyo acceso es restringido y de difícil acceso a alguien sin acceso a las bases de datos policiales.

Según el auto de García Castellón, al que ha tenido acceso ABC, «se acordó proceder a la consulta de las bases de datos policiales para conocer si, con carácter previo a la emisión del informe Iron de fecha 9 de octubre de 2013, algún funcionario de la Dirección General de la Policía hubiera accedido a información contenida sobre estas personas» en las bases de datos del DNI o en el fichero Adexttra para extranjeros.

Esas gestiones determinaron que dos inspectores jefes, Juan José Díez y Manuel Novoa , entre otros agentes, habían tenido acceso a datos que luego se reflejaron en el informe Iron. Lo llamativo, y lo que explica la imputación de estos dos inspectores jefes, es que la Comisaría General de Información no tenía abierta investigación alguna sobre Balder , por lo que no había justificación alguna para que accediesen a esos datos reservados.

Una investigación similar se hizo en el ámbito de la Agencia Tributaria. Determinó que un funcionario, actualmente jubilado e identificado como Antonio Chaparro Luque , era quien muy probablemente había suministrado los datos tributarios de Balder del año 2013 a la red de Villarejo. Por todo ello, ha sido igualmente imputado.

Los dos inspectores jefes investigados deberán responder por los delitos de revelación de secretos y/o cohecho , mientras que el funcionario de Hacienda lo hará de reveación de información reservada, secretos y/o revelación de información y/o cohecho.

Asimismo, en esta causa están también investigados el comisario principal y amigo de Villarejo Enrique García Castaño y el también policía Antonio Bonilla , igualmente muy próximo al jefe de la trama. Ambos están acusados de revelación de secretos y cohecho. El último investigado en esta causa es Antonio Serrano , quien supuestamente accedió al sistema informático de Balder.