El juez desautoriza a la UCO y descarta imputar por ahora a Cifuentes por dos delitos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sostiene en un informe entregado al juez Eloy Velasco que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, pudo cometer delitos de prevaricación continuada y cohecho en la adjudicación de contratos de la Asamblea de Madrid. Así consta en la pieza de la operación Púnica que investiga la financiación del PP de Madrid, cuyo secreto levantó recientemente el titular del Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional. El magistrado, sin embargo, desautorizó a los investigadores de la UCO y no imputará por ahora a Cifuentes por no encontrar pruebas que demuestren su participación en las supuestas irregularidades, según informaron fuentes jurídicas a ABC.

El expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández fue adjudicatario de los servicios de cafetería y restaurante de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013.

Entretanto, Fernández aportó 160.000 euros a la fundación ligada al PP de Madrid, Fundescam: 60.000 los dio la fundación de su grupo empresarial, Cantoblanco; y 100.000 la patronal CEIM. Los fondos que entraban en Fundescam se desviaron para el pago de las campañas electorales del PP de Madrid de los años 2007, 2008 y 2011, según las pesquisas de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

La intervención de Cristina Cifuentes se debe a que fue ella como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid la que firmó las adjudicaciones, amañadas, según la UCO, con licitaciones «ad hoc» para que ganara el Grupo Cantoblanco.

Asamblea, Fundescam y PP

Además, Cifuentes estaba presente en todas las áreas investigadas, desde Fundescam hasta las campañas del PP. Así lo argumenta el informe de la UCO, al que ha tenido acceso ABC. «Puede constatarse la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de María Cristina Cifuentes Cuenas, con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de Campaña de esa formación política -cuando se efectuaron las aportaciones económicas-, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013 donde resultó ser la adjudicataria final la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L., y en donde se desempeñó también de manera simultánea la presidencia de la mesa de contratación de esas licitaciones», afirma el informe.

La Guardia Civil subraya que en la actualidad Cristina Cifuentes es aforada, como presidenta de la Comunidad de Madrid, un mensaje al juez Eloy Velasco, quien debería valorar enviar esta parte de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción coincide con el juez. Fuentes consultadas por ABC explicaron que el Ministerio Público desmerece el informe de la Guardia Civil y aclararon que no se investiga a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una decisión que solo está en manos del juez, que puede contar o no con el apoyo de la Fiscalía. La UCO, que ha recopilado en el informe supuestos indicios de corrupción que atribuyen a Cifuentes, se encarga de informar sobre los hechos a ambos.

Aun así, la Guardia Civil ha interrogado ya a los demás miembros del comité de expertos de la Asamblea de Madrid que, junto a Cifuentes según las pesquisas, evaluaron las ofertas de las empresas que optaron al contrato que finalmente se llevó Fernández.

María Merino Muñoz, la jefa de relaciones externas y protocolo de la Asamblea de Madrid, reconoció a los agentes que los expertos celebraron una reunión «muy corta» en el despacho de Cifuentes para abordar la licitación. Merino dejó claro a la Guardia Civil que este encuentro fue «meramente expositivo» y aseguró que «no hubo deliberación» alguna. Según su declaración, la letrada Tatiana Sonsoles Recoder -también imputada y miembro del comité de expertos- aportó sus razonamientos jurídicos. «No había nada que discutir», expresó Merino a la Guardia Civil, quien la cuestionó sobre el método utilizado para adjudicar el contrato polémico. Los agentes de la UCO sacaron a relucir, por ejemplo, que la experiencia de una empresa debe valorarse «según la presentación de certificaciones», algo que no realizó el Grupo Cantoblanco.

También ante la Guardia Civil, Tatiana Sonsoles Recoder, que entonces era la letrada Jefa de la Asesoría Jurídica de la Asamblea de Madrid, relató que el criterio empleado para valorar las ofertas -dar más importancia a la experiencia en el sector público que en el sector privado- se fijó en la reunión en el despacho de Cifuentes. «Esa manera de valorar fue aprobada en la reunión», aseguró Sonsoles, según consta en el sumario de la causa. Otro investigado, Isaac Arturo Zubiri, que elaboró el informe con las valoraciones, sostuvo que Cifuentes «no tenía ninguna valoración hecha».

Arbitrariedades

Los agentes que investigan la trama Púnica han detectado «sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de estos empresarios, como Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes». La UCO ve delito en las adjudicaciones de los servicios de cafetería a Cantoblanco de 2009 y 2011, que estaban decididas «de antemano» y «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones».