El empresario Tolo Cursach
El empresario Tolo Cursach

El instructor del caso Cursach ordena devolver los teléfonos móviles que incautó a dos periodistas

Los medios afectados, «Diario de Mallorca» y Europa Press, han solicitado un informe al juez para saber si se ha hecho algún uso de los dispositivos requisados el pasado 11 de diciembre

Palma de Mallorca Actualizado: Guardar
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El actual instructor del caso Cursach, el juez Miquel Florit, ha ordenado la devolución de los teléfonos móviles que ordenó incautar el pasado 11 de diciembre al periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y a la redactora de Europa Press Blanca Pou. A dicha periodista le fue requisado además diverso material informático, que ahora le será igualmente devuelto. El magistrado había ordenado la incautación de material y documentos a ambos profesionales en el marco de una investigación interna sobre las filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en esta macrocausa.

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga desde hace cinco años la existencia de una presunta trama de corrupción policial, política y empresarial cuyo impulsor sería el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares durante décadas, Tolo Cursach. El primer instructor de la causa, el juez Manuel Penalva, fue apartado del proceso el pasado mes de marzo por la Audiencia Provincial de Palma por «pérdida de apariencia de imparcialidad». Su sustituto pasó a ser el juez Florit.

La decisión tomada el pasado 11 de diciembre por Florit suscitó numerosas muestras de apoyo hacia los dos periodistas afectados y manifiestos de defensa del secreto profesional. La respuesta de «Diario de Mallorca» y de Europa Press fue, por su parte, presentar una querella contra Florit por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. Dicha querella fue admitida ya a trámite.

Ambos medios han solicitado ahora, por escrito, que la devolución del material requisado hace dos semanas se acompañe con un informe sobre «la realización o no de cualquier apertura, inspección, examen, registro, copia o manipulación» de los dispositivos incautados. Dichos medios también requieren que se les informe sobre «el lugar o lugares donde han estado depositados los objetos» y sobre «las personas que hayan tenido acceso a los mismos». Mestre y Pou recibieron el pasado lunes sendas llamadas de los Juzgados en las que se les comunicó a los dos que podían ir a recoger sus móviles. Sin embargo, ambos periodistas quieren que dicha decisión se les notifique «en debida forma» y que se les cite para la devolución del material requisado.

Un caso complejo

Las mencionadas filtraciones periodísticas habían motivado, por otro lado, que agentes de Asuntos Internos iniciasen meses atrás una investigación para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de dichas filtraciones. Las primeras sospechas recayeron sobre el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, recientemente desmantelado, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. En ese contexto, el exjefe del Grupo de Blanqueo y un agente de dicha extinta unidad fueron detenidos el pasado 19 de diciembre por el presunto delito de «descubrimiento y revelación de secretos». Tras acogerse a su derecho a no declarar, ambos quedaron en libertad con cargos, a la espera de comparecer en un futuro ante el juez.

Los orígenes de la macrocausa conocida hoy como caso Cursach se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, el juez Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar una posible trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Para Penalva y Subirán, formaban también parte de dicha supuesta red delictiva Cursach —que poseía negocios en ambos municipios—, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones.

Según esa hipótesis, el magnate isleño habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio Cursach y por sus colaboradores.

La pieza principal

A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco, por lo que hoy cuenta ya con diversas piezas separadas. Por lo que respecta a la pieza principal, será dilucidada ya en breve. De hecho, recientemente la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en relación a dicha pieza, en el que pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público quiere que se sienten en el banquillo otras 23 personas además del empresario, entre las que se encuentran empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma. En el escrito de acusación se señala, por ejemplo, que algunos agentes habrían sido invitados a fiestas con prostitutas que habrían tenido lugar en la discoteca Tito’s, cuyo propietario era Cursach. En dichas fiestas, supuestamente, también se consumían drogas.

Este será el segundo juicio al que se enfrente el empresario mallorquín. Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma le condenó el pasado mes de junio a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia, que había sido recurrida, fue confirmada el pasado mes de octubre por la Audiencia Provincial de Palma. La mencionada sentencia condenatoria no implicó el ingreso de Cursach en la cárcel, ya que se tuvo en cuenta que el magnate había pasado previamente 13 meses en prisión provisional, entre marzo del pasado año y abril de este año, por orden del juez Penalva. El empresario quedó en libertad con cargos después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial.