El juez del 3% imputa por blanqueo a cuatro exconsejeros de la Generalitat de Cataluña
Dirige el procedimiento contra una docena de altos cargos de Convergencia en una nueva pieza separada
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado por un presunto delito de blanqueo a doce altos cargos de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) entre los que figuran cuatro exconsejeros de la Generalitat bajo gobiernos de Artur Mas y Jordi Pujol. Se trata de los que fueron responsables de Interior, Felip Puig y Jordi Jané; Educación, Irene Rigau, y Medio Ambiente, Pere Macias.
Las actuaciones se enmarcan en la causa conocida como «3%», que investiga, en palabras del juez, «una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado» para «financiar ilícitamente» a CDC «mediante la ‘‘venta’’ de influencias en la adjudicación de contratos públicos».
Para alimentar esa estructura, contaban con diversos mecanismos, como facturas por servicios inexistentes, notas de cargo, convenios de dudosa veracidad y donaciones, ya fuesen canalizadas a través de las fundaciones afines Catdem y Forum Barcelona, o directamente al partido.
La imputación trae cuenta de este asunto. Tras analizar los libros de Convergència intervenidos en el registro practicado en su sede en 2015, la Guardia Civil se fijó en las aportaciones de particulares y detectó un patrón: cantidades de dinero «relevantes» y similares en cuantía donadas siempre a final de año . Era un comportamiento «radicalmente diferente» al de otras temporadas, cuando se trataba de cuotas mensuales de escaso valor. Anticorrupción sospecha que se trata de blanqueo de capitales.
Abre pieza separada
De la Mata coincide. Ha abierto la pieza separada «Donaciones Blanqueo» para investigar este asunto, pues considera que «concurren datos objetivos de generación y posesión de dinero en efectivo no declarado por CDC procedente de empresas que buscan con ello ser beneficiadas en la contratación pública». Y si hay efectivo, puede existir la necesidad de blanquearlo .
En el caso de Puig, se trata de que aclare 9.000 euros en tres pagos realizados en los meses de noviembre y diciembre de los años 2008, 2009 y 2010. Mientras, Jordi Jané deberá explicar 12.000 euros entregados en los mismos meses de 2008, 2009, 2010 y 2013. Pere Macias sigue el patrón: 12.000 euros, en octubre, noviembre y diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2013. De Rigau, por su parte, constan 6.000 euros en dos veces, diciembre de 2008 y de 2010.
Conforme explica el instructor, estas donaciones «no son aparentemente cuotas de afiliados», tampoco pagos o aportaciones al partido de sus cargos electos -en ambos casos el importe es «a todas luces excesivo»- ni tampoco responden a una campaña extraordinaria de recaudación. Esto, sumado a su «sorprendente homogeneidad» , «aporta solidez a la tesis de que estas donaciones en realidad son actos de afloramiento de dinero procedente de delito realizados por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido para incorporar a la vida lícita las cantidades en efectivo que habían llegado», según el juez.
Pesa además, el historial de Convergència, cuyos tesoreros recibieron más de 3,7 millones de euros en efectivo sólo entre 2000 y 2007, aunque ya la sentencia del caso Palau , que se menciona en el auto, acreditaba movimiento de «cash» entre 1999 y 2009.
Además de los exconsejeros, el juez dirige el procedimiento contra otros pesos pesados de Convergència y su órbita: Carles Flamerich (exdirector general de Telecomunicaciones de la Generalitat), Marc Guerrero (líder del sector liberal de CDC), Víctor Vila (expresidente de Forum Barcelona), Jordi Moltó (portavoz de CiU en la Diputación de Barcelona), Gloria Renom (exdiputada autonómica), Xavier Crespo (exdiputado regional inhabilitado), Montserrat Candini (exalcaldesa de Calella y exsenadora) y Eduard Freixedes (director de los servicios territoriales de Interior de Cataluña Central).
Para De la Mata, en el círculo de la «actividad delictiva» que se investiga en el «3%», «todos y cada uno de los actores» han obrado con un solo fin: «subvertir el Estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito , personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido».
