La investigación a Interior por las escuchas no echará a andar si hay elecciones

En las filas del PP no cabe ninguna duda de que los socialistas han provocado que el Congreso haya aprobado poner en marcha una comisión de investigación contra el ministro del Interior para «tapar» el descalabro electoral que el PSOE sufrió este domingo en Galicia y el País Vasco. Las aparentes maniobras conspiratorias contra Cataluña de Jorge Fernández Díaz, —contenidas en unas grabaciones, en principio, obtenidas y difundidas, sin permiso de sus protagonistas y luego manipuladas— ya convulsionaron la campaña previa a los comicios generales del pasado 26 de junio. Y según las sospechas populares, la estrategia de Ferraz es que las sombras de una presumible guerra sucia contra el independentismo impulsen la campaña que se avecina, de camino a otras elecciones en diciembre.

Y poco más. Porque, según fuentes parlamentarias, la investigación en la Cámara Baja que está a punto de aprobarse con los votos de los socialistas, Podemos, y muy posiblemente los de Ciudadanos y los de ERC, pero con la oposición del PP no tendrá mucho recorrido. De hecho, si se convocan terceros comicios generales para Navidad, las Cortes se disolverán el 30 de octubre, lo que estrechará tanto el margen de tiempo que podría no haber plazo suficiente para la constitución de la comisión y de haberlo, prácticamente con toda seguridad no llegaría a celebrarse ninguna comparecencia.

Calma en el Ministerio

La comisión de investigación parlamentaria anterior a esta fue hace doce años la que abordó los atentados del 11-M, una iniciativa que salió adelante el 20 de mayo de 2004 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios —se aprobó por asentimiento—, lo que facilitó que se creara formalmente una semana después y se eligiera por consenso su Presidencia y su mesa de gobierno. Pero no fue hasta el 6 de julio cuando declaró ante ella el primer testigo, esto es, 47 días después de la aprobación. Trasladado este calendario a la actualidad, esa primera comparecencia se fecharía en torno a mediados de noviembre, algo impracticable por tanto si las Cámaras hubiesen concluido su mandato.

En el PP lamenta que, «ni siquiera Podemos», sino que sea el PSOE de Pedro Sánchez el que haya activado la propuesta de esta comisión que «hace el juego a los independentistas», caso de ERC y la antigua CiU, principales ofendidos por las presuntas acciones conspiratorias que habría desplegado Interior, y que también han firmado sus propias propuestas de una comisión de investigación.

En el Ministerio prevalece la serenidad. Fuentes cercanas tildan las intenciones de los socialistas de «disparate» y desmontan la validez de las tres principales hipótesis suposiciones que intentarían demostrar en esta comisión. Una, la existencia de una «policía política encargada de espiar a los adversarios del Gobierno», lo que choca con la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Dos, que tal estructura se había montado para esconder «los casos de corrupción del PP», cuando en los últimos años los escándalos relacionados con el partido que sostiene al Ejecutivo han sido constantes y de gran calado. Al final de la anterior legislatura, en 2015, el número de investigaciones por corrupción en España ascendió a 1.108 y los detenidos se elevaron a 2.442 frente a los 389 casos y 389 detenciones de 2010.

En tercer lugar, el entorno de Interior recuerda que el contenido de las escuchas al ministro difundidas en junio fue objeto de denuncias por prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros, interpuestas por ERC y de Catalunya, que no prosperaron puesto que la Fiscalía del Tribunal Supremo consideró que no había indicio de delito alguno.