Bono, con despacho, chófer y dos secretarias hasta 2015

Una carta leída hace un año en el Parlamento de Castilla-La Mancha por el vicepresidente del Gobierno regional es el único documento de la renuncia del expresidente castellano-manchego José Bono a sus privilegios como tal (un despacho, dos secretarias y chófer), con los que el PP y Podemos intentaron acabar en octubre de 2015 mediante una moción que fue rechazada por el Grupo Socialista, ya que se necesitaba una mayoría cualificada de la cámara. Ese voto en contra del PSOE provocó el enfado del socio de investidura de Emiliano García-Page, pero una vez más la amenaza de ruptura por parte de Podemos quedó en una bala de fogueo de las varias con las que ha amagado en lo que llevamos de legislatura.

Pero hasta que Bono redactó su carta de renuncia -antes el socialista José María Barreda y la «popular» María Dolores de Cospedal habían renunciado expresamente a los privilegios que les corresponden por la Ley de Gobierno y del Consejo Consultivo que Bono aprobó en 2003- el que fuera presidente de la Comunidad durante 21 años los ha venido disfrutando desde 2004. Ese fue el año en el que cambió el Palacio de Fuensalida por el Ministerio de Defensa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, según se estipula en la norma que garantiza un retiro confortable a los expresidentes, podría disponer de esos servicios hasta el año 2024. Por poner un ejemplo del coste de esta prerrogativa, en el año 2012 la oficina con dos secretarias y un chófer supuso para los bolsillos de los castellano-manchegos 160.890,61 euros.

Lo cierto es que los tiempos de bonanza económica fueron proclives para que los mandatarios de diversas comunidades autónomas se blindaran unos retiros de oro una vez acabada su actividad política en las poltronas regionales.

Aunque la primera comunidad en abrir el grifo presupuestario para el pago de los expresidentes fue el País Vasco, en este apartado extraordinario se lleva la palma Cataluña, que gasta más que las demás juntas. Como ya informó ABC en su día, llegó a dedicar más de un millón de euros cada ejercicio sólo a pagar los alquileres y el personal de las secretarías abiertas de José Montilla, Pasqual Maragall (310 y 312 metros cuadrados respectivamente en la Avenida Diagonal) y de Jordi Pujol (411 metros en el Paseo de Gracia), artífice en sus últimos meses en el poder en 2003 de un régimen de prebendas frente al que palidece el de cualquier otra región.