Gürtel
La Justicia condena a Correa por corruptor, a Bárcenas por blanqueo y al PP por lucrarse
La Audiencia Nacional castiga con 351 años de prisión a 29 acusados de «la estructura central» de Gürtel entre 1999 y 2005
Los jueces cuestionan la «credibilidad» de Rajoy como testigo: negó la caja B para evitar el «reproche social»
La Justicia española condenó ayer al Partido Popular por beneficiarse de la trama Gürtel , una red de corrupción que creció bajo su cobijo en la era del mayor bienestar de España. La trama y la formación política fueron de la mano hasta llegar a conformarse «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» en todos los niveles administrativos. Se trata de la primera condena al PP por un caso de corrupción que ha sobrevolado la política española desde que estalló en 2009.
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La Audiencia Nacional considera acreditado que el PP manejó una contabilidad de dinero negro desde al menos 1989, el año en el que se refundó, y castiga con un total de 351 años de prisión a 29 acusados , entre empresarios, políticos y funcionarios, que pisotearon todas las leyes administrativas para enriquecerse ilegalmente, corrompiendo las licitaciones públicas. Ocho enjuiciados han quedado absueltos.
Primera pena al extesorero
La sentencia -que resuelve el juicio contra «la estructura central» de la Gürtel, por sus actividades entre 1999 y 2005- se conoce en plena carrera hacia un disputado ciclo electoral, y tras las caídas en desgracia de Cristina Cifuentes y Eduardo Zaplana , rostros del nuevo y el viejo PP, que se desploma en las encuestas. La tormenta ya se ha desatado: el PSOE ha convocado para hoy una Ejecutiva federal en la que estudiará si presenta una moción de censura contra Rajoy , que ya le ha solicitado Podemos, y Ciudadanos advirtió «un antes y un después» en su relación con el PP, su socio de gobierno.
La gravedad de la corrupción probada ha añadido un elemento inesperado: el tribunal cuestiona incluso la «credibilidad» como testigo de Mariano Rajoy . Según los magistrados, el presidente del Gobierno negó la acreditada caja B del PP para evitar el «reproche social» en su declaración en la vista oral.
La mayor condena del fallo -que cuenta con el voto particular de un magistrado, Ángel Hurtado- recae sobre Francisco Correa, el cabecilla de la red, que ya se encuentra en prisión por otra pieza del caso. El empresario que da nombre a la trama ha sido condenado a 51 años y once meses de prisión.
La sentencia supone además la primera pena para el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuyo nombre se convirtió en un dolor de cabeza para el partido en el gobierno. Los jueces lo tienen claro: Bárcenas se hizo rico a través de la corrupción , gracias a su puesto de poder en el PP, y no por sus habilidades como negociante en la venta de obras de arte.
Condenado a 33 años y cuatro meses de cárcel, ha comenzado la cuenta atrás para su vuelta a prisión. La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado que se celebre la vistilla en la que podría solicitar el encarcelamiento preventivo de Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y otros catorce condenados. La sentencia aún no es firme: es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo , pero algunas penas son altas, lo que podría motivar la prisión provisional de todos ellos.
La condena al PP es como partícipe a título lucrativo: es decir, por haberse beneficiado de la trama sin participar ni conocer la actividad delictiva de la que procedían los fondos. Es una responsabilidad civil, no criminal.
El tribunal condena a la formación a devolver 245.492 euros, el dinero que se ahorró en las campañas electorales de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en 2003 y 2004, por actos sufragados por la red, según ve probado la Sala de lo Penal. Los delitos de la Gürtel «produjeron beneficios económicos cuantificables al PP, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas para sus candidatos». Esta pena ha sido rechazada por uno de los tres jueces del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, que apoyó la absolución del partido . Sus tesis sustentarán el recurso del PP, que ya ha anunciado que lo presentará.
«A sus espaldas»
Hurtado ve imposible concretar «qué beneficio real pudo suponer para el PP unos actos realizados para su promoción» por Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, condenados respectivamente a 38 años y tres meses de cárcel, y 14 años y cuatro meses.
El juez discrepante recalca que el punto de partida del juicio al PP es la «total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos», dado que fue enjuiciado como partícipe, no como acusado. Según Hurtado, el tribunal no ha demostrado el supuesto beneficio del partido y que éste conociera una actuación que sucedió «a sus espaldas» y que el PP rechazaba. Añade Hurtado que en cualquier caso el lucro habría repercutido en la agrupación municipal, y no en el partido nacional.
El magistrado del voto particular admite la existencia de la caja B -«esa contabilidad extracontable de la que habló Bárcenas»- y la ilicitud de los fondos que la nutrieron. Pero niega que el PP tuviese la capacidad de conocer la procedencia ilegal del dinero empleado por los grupos municipales de Ortega y Sepúlveda. Sin prueba concluyente, califica esa conclusión de «salto al vacío». La existencia de la caja B , y los posibles delitos cometidos con ella, son la esencia de otra pieza del caso Gürtel, una causa que todavía no ha llegado al juicio. Hurtado critica que sus compañeros de tribunal empleen una cuestión «colateral» en el juicio -la caja B, de la que Bárcenas sustrajo fondos- para colocar al PP «en una dinámica de corrupción institucional».
En la misma condición que el PP ha sido condenada la exministra Ana Mato, que deberá devolver 27.857,53 euros por los viajes y servicios que la trama prestó a su familia.
El tribunal -formado por José Ricardo de Prada y Julio de Diego, además de Hurtado- explica que la trama provocó una cantidad de actuaciones prevaricadoras «de cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de contratación»: inflado ilegal de precios, facturación falsa, sobornos, fraccionmiento de contratos, elaboración directa de los pliegos, hasta convertir algunas administraciones en «entidades públicas parasitadas».
