Guía de horrores de los «ayuntamientos del cambio»

Falta de respeto a los símbolos nacionales

El Partido Popular lleva semanas haciendo un exhaustivo análisis de lo que ha supuesto el primer año de gobierno de los llamados «ayuntamientos del cambio», los que llegaron al poder tras las últimas municipales mediante pactos postelectorales entre Podemos o alguna de sus confluencias y otras fuerzas políticas como PSOE. Este es el resumen de las malas prácticas que los populares denuncian. Por ejemplo, la «falta de respeto a los símbolos nacionales», un capítulo en el que ponen como ejemplo lo sucedido en Zaragoza, donde se ha suprimido el nombre de «Príncipe Felipe» del pabellón municipal; o la ausencia del alcalde y su equipo de gobierno al acto oficial de entrea de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

O en Cádiz, donde el alcalde sustituyó el cuadro del Rey Juan Carlos que había en el despacho del regidor por otro del anarquista y exalcalde de la ciudad en la Primera República Fermín Salvoechea. También en Cádiz, se retiró la bandera española del mástil de la plaza de Sevilla alegando un fuerte viento de Levante, pero luego se izó la de Andalucía. Izó la bandera republicana en el Ayuntamiento y, tras la denuncia del PP, un juzgado le obligó a arriarla.

No son menos los casos detectados en Barcelona: se permitió la colocación de una Estelada y se trató de impedir la colocación de una española en la fiesta de la Mercé; se retiró el busto del Rey Emérito del salón de plenos municipal.

En Badalona, la investidura se hizo con banderas independentistas y a favor del acercamiento de presos de ETA en la plaza; y se retiró el retrato de Felipe VI del salón de plenos, además de retirar las banderas españolas de despachos y salas de reuniones de la Casa Consistorial.

Pamplona colgó en San Fermín la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento. Y en Valencia se elimina la bandera de España en la batalla de flores, además de utilizar el balcón de la Casa Consistorial «con fines partidistas» colocando pancartas sobre refugiados, o conmemorando los 80 años del gobierno de la II República con sede en Valencia. La Coruña, por último, ha colocado una bandera republicana en la fachada de uno de los edificios municipales el 14 de abril.

Nepotismo y «enchufismo»

Desde la convocatoria de asesores para su grupo municipal a la que se presentaron 400 personas y se selección a 4 de la propia formación, en Cádiz, a la contratación en este mismo municipio de la pareja del teniente de alcalde y la del jefe de gabinete; el PP encuentra reprochables muchas de las actuaciones de los nuevos ayuntamientos. En Barcelona, Ada Colau contrató a la pareja de su número dos y a su propia pareja -pagando esta nómina no el Ayuntamiento sino el partido Barcelona en Comú-. Y en Madrid el PP cita los casos del marido de la sobrina de Carmena, nombrado coordinador general, y el padre de la portavoz, que es jefe de la administración tributaria, además de la exnovia del concejal Guillermo Zapata.

En Santiago se critica que se presentó un proceso de libre concurrencia para seleccionar personal de confianza, al que acudieron casi 800 personas, y luego se seleccionó «conforme a criterios subjetivos y de adscripción ideológica».

Valencia tiene entre sus peros que Ribó «escoge "a dedo" a sus escoltas entre agentes sin experiencia previa», uno de ellos «familiar de una diputada». Y en una fundación vinculada al Ayuntamiento, Inndea, se han colocado a seis personas con cargos en la organización política de Podemos. En Badalona, todos los sindicatos del Ayuntamiento están estudiando llevar a la Oficina Antifraude el nombramiento de tres cargos directivos del gobierno municipal.

Déficit democrático

Las denuncias populares prosiguen en este capítulo: renuncia unilateral a la candidatura de los SJuegos Olímpicos de invierno sin avisar ni a los grupos municipales ni a los municipios afectados; cambio de nobmre del «Born Centre Cultural» para convertirlo en centro de Memoria Histórica, contra la opinión de los vecinos; intento de conectar el tranvía por la Diagonal, en contra de la opinión del 80% de los vecinos consultados en 2010.

En Badalona, denuncian que se canceló el programa más visto de Badalona TV: Catalunya Opina; el concejal de Hacienda publicó la foto de Xavier García Albiol, anterior alcalde, con un tiro en la frente y caracterizado como Hitler; celebración de unas jornadas de seguridad donde sólo se invitó a concejales de otros municipios pertenecientes a la CUP, Podemos y sus confluencias.

En Madrid, protestan por los tweets ofensivos del concejal Zapata, o injuriando a Ruiz-Gallardón; el apoyo a Alfon, encarcelado por la Audiencia Provincial por tenencia de explosivos; cambios en el callejero; la portavoz Rita Maestre condenada por el asalto a la capilla de la Universidad Complutense; o la web «Versión Original», para protestar por informaciones críticas de la prensa.

En Pamplona, añaden, se insulta y abuchea a los concejales en la procesión el día de San Fermín; no se condenan los ataques a ediles que no son de Bildu o de Podemos; apoyo explícito a Otegi; imposición del modelo D (en euskera) en tres escuelas infantiles que ofertaban casatellano sin estudios técnicos que avalen el cambio y sin dar tiempo a las familias que habían elegido esos centros, una decisión que el juez ha suspendido cautelarmente.

En Santiago, denuncian que el alcalde incrementa las subvenciones de carácter nominativo en detrimento de las que se otorgan en régimen de concurrencia. En Cádiz el alcalde lanza la campaña RigorenPrensa, para «desacreditar a medios de comunicación y periodistas que no siguen su línea informativa».

El alcalde de Zaragoza, critican, cargó indebidamente diversas facturas por asistir a actos de partido. En Valencia, el alcalde atribuyó los atentados de Bruselas «a la intervención militar en la guerra de Irak y a las agresiones que han hecho los países occidentales».

Subida de impuestos

En Madrid, continúa el informe del PP, se anuncian subidas en el IAE, el de obras y construcciones y el IBI a centros comerciales, y se plantean una tasa de basuras a grandes generadores de residuos. Se suprimen las ayudas a la escuela de tauromaquia municipal.

En Cádiz, se incluyen entre las malas prácticas la intención de Kichi, el alcalde José María González, de plantear un impago de su pasivo. El presupuesto no está aún aprobado, y el capítulo de inversiones ha caído un 50 por ciento.

Por lo que respecta a Zaragoza, las cuentas reducen la inversión, y se cargaron gastos personales del regidor durante su asistencia a un acto de partido en La Coruña. Barcelona mantiene trabas administrativas a emprendedores y empresarios,. Y denuncian que Ada Colau ha incumplido su promesa de reducir su sueldo a 2.200 euros mensuales, fijándolo al final en 3.700.

En La Coruña, se han paralizado las corridas de toros ya contratadas, habiendo de pagar una indemnización por ello. De su promesa estrella de municipalizar el servicio de la ORA no queda nada: han reconocido que no es viable desde el punto de vista legal y económico -«como ya les avisó el PP», sostienen en este partido-.

Y en Valencia, se ha subido el IBI; se ha recortado el cheque escolar a más de 1.200 niños; Badalona ha subido la plusvalía; y en Pamplona el gobierno local se reserva el derecho de promover la desobediencia civil a la ley de estabilidad financiera aprobada en 2012.

Paralización de inversiones

Entre otros capítulos, este es especialmente rico en ejemplos. En Barcelona, denuncia el PP, se han suspendido las licencias para nuevos hoteles durante un año. Y quitan legitimidad al órgano de colaboración público-privado Turismo de Barcelona para dirigir este sector desde el Ayuntamiento. Se frena la aplicación de la Ordenanza de Terrazas. En Badalona se ralentizan la sobras del canal del Puerto. En Madrid se paralizan las operaciones Campamento o Chamartín, se deniegan permisos a Coca-Cola para rodar un anuncio en instalaciones municipales, por el conflicto laboral de la empresa. El concejal de Hacienda presume de que él no va de compras. Se paraliza la obra del Edificio España.

Valencia ha reducido las zonas de afluencia turística -con especial horario comercial- a dos. Y deja escapar el proyecto del grupo ARC Resort para invertir 1.000 millones de euros. Cádiz da un permiso especial a vendedores sin licencia. En La Coruña se demoniza a Inditex promoviendo la emisión de un documental que deja en mal lugar a su dueño.