El Gobierno recurre la resolución del parlamento catalán contra el Rey sin el aval del Consejo de Estado
El Ejecutivo «no comparte» la argumentación del órgano consultivo, que no ve base para la impugnación
El Gobierno ha decidido impugnar ante al Tribunal Constitucional la resolución del parlamento de Cataluña del pasado 11 de octubre en la que abogaba por «abolir» la Monarquía y cargaba contra el papel de Don Felipe en su alocución del 3 de octubre de 2017.
Lo hace aunque no cuenta con el aval del Consejo de Estado , al que el Ejecutivo solicitó un informe hace una semana. Un paso preceptivo para poder presentar el recurso, aunque la posición del Consejo de Estado no es vinculante.
El máximo órgano consultivo del Estado, que tiene al frente la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , entiende que la resolución de la Cámara catalana es censurable, pero no hay base, señala, para acudir al TC.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá , ha reconocido, que el dictamen del Consejo de Estado «ha concluido que dichas resoluciones no constituyen objeto idóneo para su impugnación». Celaá ha dicho que el Ejecutivo «agradece y respeta la opinión del Consejo de Estado» pero ha asegurado que «no comparte esa argumentación jurídica» y que entiende que los hechos del 11 de octubre «son un grave atentado al principio de lealtad institucional».
El Consejo de Estado entiende que la votación del 11 de octubre «tiene una naturaleza netamente política pero no jurídica» pero el Gobierno entiende que «la resolución es inconstitucional» y ha justificado su decisión de presentar el recurso «por sentido de Estado» al considerar que constituye un «nuevo intento de iniciar un proceso unilateral» y un «ataque injustificado a la figura del Rey».
El Consejo de Estado ha concluido que dichas resoluciones del Parlamento de Cataluña «no constituyen objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución». Y aunque el Gobierno no comparte este extremo, pone en valor que el propio Consejo de Estado entiende que tales resoluciones son «un grave atentado al principio de lealtad institucional» y «una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra», así como «que comportan una total falta de respeto hacia la más alta Magistratura del Estado».
Es muy llamativo que en sus argumentos para iniciar la impugnación aún sin el aval del Consejo de Estado el Gobierno incluya la consioderación de que los hechos acaecidos el 11 de octubre «supone un nuevo intento, como otros anteriores, del Parlament de Cataluña de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional». Una valoración que choca frontalmente con los análisis del Gobierno sobre la evolución favorable del conflicto catalán desde su llegada al Gobierno.
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