El Gobierno considera que «no concurren las circunstancias» para aplicar el artículo 155 en Cataluña
El Parlament aprobó ayer tres resoluciones que instaban a expulsar a la Guardia Civil de la comunidad, dar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O y amnistiar a sus acusados
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá , ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo impugnará las resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento de Cataluña «una vez que se publiquen oficialmente». Se trata de una cuestión adelantada esta mañana por la titular de la cartera de Justicia, Dolores Delgado .
Además, preguntada sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, Celaá ha considerado que «si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional sobre la aplicación del 155 , este Gobierno lo haría», pero considera que actualmente «no concurren las circunstancias de aplicación».
«Este Gobiernono está dispuesto a consentir ningún ataque a la Constitución y al Estatut», ha manifestado Celaá, que ha apostado por el «diálogo». Aun así, se ha mostrado muy dura con el presidente de la Generalitat, Quim Torra , al que ha demandado «que deje claro su respeto por las leyes de la democracia» y al «Estado de derecho». «La constitución es nuestra herramienta común para el diálogo, pero también, si fuera necesaria, para la defensa de nuestros valores».
En este sentido, ha sido preguntada por los periodistas presentes por la posible suspensión de la autonomía catalana, algo que Celaá ha rechazado. «Se procederá a su aplicación [...] cuando se vulnere la ley o se perjudique gravemente el interés general. Esto eran proposiciones no de ley, resoluciones que no están en la ley. No son las leyes de septiembre [de 2017]», ha dicho. «No concurren las circunstancias de aplicación del 155», ha zanjado después.
El Ejecutivo ha querido trasladar «un mensaje de serenidad y firmeza » ante los «acontecimientos» en Cataluña con el anuncio de la impugnación de unas resoluciones que, según Celaá, son «una extralimitación un ataque a la convivencia de Cataluña». En concreto, la ministra portavoz se ha referido a las resoluciones sobre la respuesta institucional a la sentencia del 1-O, al acuerdo para la amnistía de los procesados y a la expulsión de la Guardia Civil de la comunidad, aprobadas ayer.
Aun así, ha admitido que «las resoluciones de ayer van en la dirección de tensionar situaciones sociales». También ha trasladado el respaldo del Ejecutivo a «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , en este caso concreto a la Guardia Civil», que tiene «garantizada su presencia en Cataluña» y que, junto a la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, «realizan una profunda coordinación para seguir salvaguardando la seguridad de los ciudadanos» ante una posible reacción violenta a la sentencia del «procés»
Acusados de terrorismo
El Gobierno se ha referido también a la actitud del Ejecutivo catalán ante la prisión preventiva de siete de los nueve CDR detenidos por, presuntamente, planear atentados terroristas, algo que el independentismo se ha tomado como una caza de brujas. «El Gobierno rechaza de plano las afirmaciones del Govern acusando al Estado de querer perseguir a los independentistas o a quienes piensan diferente por el mero hecho de serlo», ha asegurado Celaá, que ha alabado el «trabajo discreto y digno de respeto» de la Guardia Civil como policía judicial.
«Reprobamos, no nos gusta y exigimos una una actitud por parte del presidente de la Generalitat muchísimo más exigente con respecto a una potencial violencia», ha dicho Celaá. «Hay siete ciudadanos detenidos acusados de presuntos delitos de terrorismo, muy grave, y lo que espera la ciudadanía catalana y española es que el representante del Estado en Cataluña es la condena de cualquier posible o potencial violencia», ha insistido.
