Miembros de los GDR, Grupos de Defensa y Resistencia, a cara tapada para evitar represalias, retiran lazos amarillos en una imagen de archivo - Oriol Campuzano Manobens / Vídeo: Los Mossos identifican a catorce personas por intentar retirar lazos amarillos

La Generalitat amenaza con multas de 30.000 euros por retirar lazos

El gobierno catalán quiere aplicar la Ley de seguridad ciudadana después de que la policía autonómica identificase a 14 personas que retiraban símbolos independentistas

BarcelonaActualizado:

Multas de entre 601 y 30.000 euros por retirar lazos amarillos. O, mejor dicho, por contravenir con una «infracción grave» la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana, conocida popularmente como «ley mordaza» y de la que el independentismo ha pedido repetidamente su derogación. El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) ya aprobó multar con hasta 200 euros a quienes «retiren símbolos de la vía pública», pero la Generalitat ha querido ir un poco más allá y amenaza ahora con aplicar la citada ley calificando de «daños en el dominio público» la retirada de símbolos independentistas.

Así lo anunció la consejería de Interior después de informar de que los Mossos d’Esquadra habían identificado a 14 personas, entre ellas un agente de la Guardia Civil, en las localidades tarraconenses de Mora La Nova, Tivissa y Vandellós como «posibles autores de daños al dominio público». Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes, cuando agentes de la policía catalana, avisados por un vecino, localizaron a los identificados en tres vehículos con mapas y herramientas de corte para arrancar lazos amarillos y esteladas de las calles, así como piezas de ropa para taparse la cara.

Para Ciudadanos, uno de los partidos más beligerantes contra la ocupación del espacio público por parte de los independenistas, la noticia demuestra que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha empezado «a cumplir sus amenazas atacando a los más débiles; los ciudadanos que retiran simbología separatista de las calles», tal y como subrayó el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. «Los ciudadanos hacen lo que no hace el Gobierno: acatar y cumplir con la ley y la sentencia del TSJC que exige la neutralidad de los espacios públicos», añadió Aguado. «Es un paso más en la amenaza que hizo Torra. Se constata que la represión que denuncian es la que practican», señala desde el PPC el secretario general del partido, Santi Rodríguez, para quien «es absolutamente ridículo aplicar la Ley de Seguridad contra gente que retira propaganda». «Se tendría que ver si no son los ayuntamientos los que están prevaricando», añade. Mucho más expeditivo se mostró el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, quien animó desde su cuenta de Twitter a que todo el mundo retirase «lazos amarillos y pancartas supremacistas del espacio público». «Exige la neutralidad de la Administración. No admitas la autoridad de la policía política», escribió.

Por su parte, el líder del partido naranja, Albert Rivera, denunció el uso que está haciendo Torra de los Mossos como «policía política». «Ordena que protejan la simbología separatista ilegal en el espacio público y persigan a quienes la retiran, el mundo al revés», destacó. Con todo, por el momento la identificación policial no se ha traducido en ninguna denuncia, por lo que ha sido la Generalitat la que ha decidido actuar por iniciativa propia.

«Fractura social»

El problema, alegan, no es que retirasen lazos, sino las herramientas con las que iban pertrechados. Unas explicaciones que, sin embargo, contrastaban con las palabras del vicepresidente catalán, Pere Aragonés, quien ayer mismo defendió que el espacio público «no puede ser neutral» ante la «injusticia» y exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que «actúe y ponga orden» para frenar estos «pelotones» que «se dedican a retirar elementos del espacio público». Aragonés aprovechó para cargar contra Ciudadanos por impulsar campañas que instan a retirar lazos del espacio público y que, aseguró, aboca a la «fractura social».

Precisamente la plataforma España Ciudadana, vinculada a Ciudadanos, acaba de lanzar una campaña aérea en varias playas catalanas contra la «ocupación» por parte de los independentistas de zonas del litoral catalán y para reivindicar que las «playas son de todos». Una iniciativa que llega después de un verano en el que la pugna por el espacio público ha generado encontronazos a cuenta de la colocación y retirada de símbolos en playas como las de Canet de Mar y Mataró. Especialmente tensos fueron los momentos vividos el pasado mes de julio en Vic, cuando un conductor con problemas psicológicos arrolló las cruces que entidades independentistas habían plantado en la plaza del pueblo, o la trifulca que tuvo lugar en Verges (Gerona) mientras unos encapuchados retiraban esteladas y que se saldó con uno de los encapuchados detenido por amenazar con un cuchillo a dos personas.

Un coche arrolla cruces amarilas en VIC
Un coche arrolla cruces amarilas en VIC - ABC

En este caso, sin embargo, la maniobra del ejecutivo de Torra ha despertado no pocos recelos legales. Así, mientras que el jurista Pere Lluís Huguet, al frente de la asociación Llibertats, señalaba ayer que «quitar lazos amarillos de la vía pública no es infracción alguna de la Ley de Seguridad; incoar un procedimiento por ello podría ser un delito de prevaricación», la Unión de Mossos Constitucionalistas, que agrupa a más de 300 agentes del cuerpo, subraya que, siempre que no se dañe el mobiliario urbano o se ensucie la vía pública, retirar la citada simbología no supone infracción alguna. «La retirada de cartelería, lazos, banderas o cualquier otra simbología de una determinada opción ideológica, colocadas en zonas comunes sin su debida autorización, está amparada por la sentencia del TSJC de 5 de Julio sobre la objetividad y neutralidad de los edificios y espacios públicos», señaló la entidad.