Gallardón niega el cobro de comisiones y defiende la expansión del Canal en Iberoamérica
El expresidente de Madrid es investigado por delitos de prevaricación y malversación
La Fiscalía sospecha de la compra de una empresa colombiana en el año 2001
Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido este jueves la operación que llevó al Canal de Isabel II a expandirse por Iberoamérica, una compraventa realizada en el año 2001 y por la que el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular se encuentra imputado. Su equipo acusa al también expresidente Ignacio González de manipular un informe para atacarle. También ha negado haber cobrado comisiones por esta u otra operación, según han informado fuentes jurídicas presentes en la sala.
Gallardón, que ha declarado durante más de una hora ante el juez y ha acudido a la cita con su hijo abogado, ha negado cualquier irregularidad en su gestión del Canal , ha celebrado el beneficio de la compra de Inassa «para los madrileños», y se ha desligado de la operativa de la adquisición, que se compró a través de una firma ubicada en Panamá, un estrategia societaria sospechosa. Según su explicación, los vendedores impusieron la fórmula a los gestores.
Al negar el cobro de comisiones, el antiguo ministro de Justicia ha expresado a la fiscal del caso, Ana Cuenta, que le entristecía que le lanzase esa pregunta, aunque comprendía que la tenía que hacer. Con Gallardón, todos los expresidentes madrileños del PP han comparecido ante la Justicia para rendir cuentas salpicados por casos de corrupción: Ignacio González y Francisco Granados, como investigados y acusados de liderar las redes de Lezo y Púnica; Esperanza Aguirre, para testificar por la caída de sus lugartenientes.
Investigado por prevaricación y malversación, Gallardón ha señalado a los periodistas que el método de la compra no le correspondía a él, pero ha manifestado que «el sumario ha acreditado la legalidad y la prudencia» de la compra a través de Panama, una decisión que tomaron los responsables del Canal, la poderosa empresa que gestiona las aguas de Madrid, entonces presidido por Pedro Calvo. Según el expresidente, el consejo de administración del Canal estaba formado también por representantes del PP, PSOE, de los sindicatos y la patronal, un esquema coral que garantizó la transparencia.
Ha aludido a «una adquisición que se hizo con el mejor y el más absoluto de los convencimientos de que era buena para los madrileños, de acuerdo con la legalidad y con todos los informes jurídicos favorables». «El tiempo ha demostrado que efectivamente fue una buena decisión», se ha atrevido a expresar Gallardón, que era en aquel momento el presidente de la Comunidad de Madrid y estaba al frente del consejo de gobierno que avaló la operación.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el precio de la compra de la empresa colombiana Inassa, 73 millones de dólares , incluía un sobreprecio «perjudicial» para las arcas públicas y que la operación se materializó a través de un complejo entramado societario, que llegó a algunas empresas radicadas en Panamá. El equipo de Gallardón defiende la legalidad de la adquisición y marca una línea clara con la posterior gestión de Ignacio Gonzalez respecto al Canal.
En el caso Lezo, el juez Manuel García Castellón investiga una supuesto trama de corrupción que anidó en el Cana. El magistrado y el Ministerio Público sitúan a González en la cúspide de esa red y le acusan de enriquecerse ilegalmente a costa de las cuentas públicas de Madrid. Según los investigadores, Gonzalez aprovechó la expansión internacional de la empresa de aguas madrileñas para esconder «pelotazos» a través de los que se repartieron comisiones. La trama se extendió por Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia , con la compra Inassa o Emissao.
El magistrado también acusa a González de ocultar un informe de Cuatrecasas que advertía de «indicios claros» en la compra de la primera, Inassa, en 2001, cuando Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y por lo que la investigación también apunta hacia él. El entorno de Gallardón denuncia, sin embargo, que González manipuló dicho informe, alterado hasta en 16 ocasiones, como «arma» contra él. El antiguo número dos de Gallardón, Manuel Cobo, defendió ayer la legalidad, y el éxito para los madrileños, de la compra de Inassa y denunció que la acusación contra Gallardón se basa en ese informe fabricado. El exconsejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja también defendió la operación del año 2001 y atribuyó a Joaquin Leguina, el presidente socialista que precedió a Gallardón, el plan de expansión del Canal.
