Fomento estudiará la concesión de la AP-6 en noviembre de 2019

Más allá del caos ocurrido la madrugada del pasado domingo, sobre la AP-6 o Autopista del Noroeste también pesan una serie de problemas administrativos que pueden marcar su futuro más próximo. De momento, la concesión a la corporación Abertis no parece estar en el aire, pero en pocos días otra empresa del grupo se hará cargo de la gestión de la polémica vía. Tras absorber en 2003 a Iberpistas, hasta ahora estaba en manos de Autopistas Abertis , pero a partir del 30 de enero será gestionada por Castellana Autopistas. Además, en noviembre de 2019 el Gobierno tendrá que decidir en función del tráfico de la misma hasta que año mantiene la concesión, autorizada en 1999. Aunque estaba previsto que la misma podría llegar hasta el año 2037, se podría reducir al entorno de 2025 en función de las circunstancias sin que se conozca aún el alcance del expediente abierto por los sucesos del pasado fin de semana.

Todo lo anterior es una de las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010 contra el Reino de España tras la denuncia de los ecologistas de Centaurea y del sindicato Comisiones Obreras en Ávila . En el fallo se consideraba que el Gobierno «había vulnerado las directivas comunitarias sobre contratación pública», al no haberse publicado en el pliego de cláusulas administrativas del concurso de construcción, conservación y explotación de las conexiones de la AP-6 con Ávila (AP-51) y con Segovia (AP-61) «la totalidad de obras a ejecutar por el concesionario», después de que finalmente la adjudicación la realizara la propia Iberpistas por la totalidad de los tramos de peaje de la AP-6 y no sólo por las conexiones con las dos provincias castellanas.

Unas obras que, según reconoce la sentencia, se realizaron a cambio de que se alargara la concesión a Iberpistas del peaje de la A-6 «hasta el año 2032 ó 2037», según recordaron los denunciantes, insistiendo en que «todo fue un chanchullo» y que las obras adicionales resultaron ser «más caras» (360 millones de euros) que las principales, lo que «vulnera la legalidad», ya que unas obras complementarias «no pueden superar» el montante de la principal. Ambos sostuvieron desde un principio que la adjudicación obedecía a un acuerdo para prorrogar la gestión de los accesos a Madrid -desde todo el noroeste- en beneficio de Iberpistas -ahora Abertis-.

A raíz de esta sentencia el Ministerio de Fomento , decidió el 9 de marzo de 2002 a través de un real decreto modificar la concesión otorgada en 1999 por el Gobierno de «reduciendo su periodo concesional en siete años» respecto al año que se fije en noviembre de 2019. Desde la plataforma Ávila Libre de Peajes se considera que esta medida no cumple con el fallo judicial y piden la liberalización de la AP-6.

Con todo, la modificación de los términos de esta concesión contempla además «una compensación adecuada» por parte del Ministerio a la empresa que se determinará tras «valorar los daños y perjuicios que tal reducción ocasione al concesionario». En su momento, desde Iberpistas se quiso aclarar que la sentencia no les afectaba.