La Fiscalía archiva la petición del Parlament para que comparezca Rajoy

No es competencia de la Generalitat de Cataluña analizar la legalidad de la aplicación de las medidas derivadas del artículo 155 de la Constitución aprobadas en el Senado. Esta es la conclusión a la que llega la Fiscalía Superior de Cataluña, en su respuesta a la petición del Parlamento de Cataluña para que comparezcan en comisión, entre otros, Mariano Rajoy y S oraya Sáenz de Santamaría , en tanto que máximos responsables del Gobierno de España durante la aplicación del 155 a partir de octubre de 2017.

Por lo tanto, según refleja el teniente-fiscal de la región, Pedro J. Ariche Axpe, y suscribe el fiscal superior, Pedro Bañeres, en el decreto de archivo de las diligencias abiertas a petición de Roger Torren t , presidente del Parlamento autonómico catalán , «carece de relevancia penal por ausencia de antijuricidad» que tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría hayan rechazado comparecer en la correspondiente comisión de investigación en Barcelona.

Desde el pasado 6 de noviembre, el Parlamento de Cataluña tiene activa una comisión de investigación vinculada al 155 de la que Cs, el PSC y el PP se ausentaron inmediatamente, primero por considerar que la Cámara catalana no tiene competencias para investigar una decisión que depende legislativamente del Senado y cuya ejecución corresponde al Gobierno , y segundo por augurar que los partidos independentistas y los comunes harían de ella un uso político.

Un mes después de la constitución de la comisión, se incluyó las comparecencias en el plan de trabajo con los nombres de Rajoy y Sáenz de Santamaría, entre otros, y se les citó para declarar en la comisión de investigación, ya totalmente descafeinada, para el 30 de abril de este 2019. Tras su primera negativa se les volvió a citar para el 7 de mayo. Y ocho días después la Mesa decidió «dar traslado» de estas negativas a la Fiscalía por si pudiera existir algún tipo de « responsabilidad penal », ya que, según los partidos nacionalistas y los Servicios Jurídicos parlamentarios, estarían obligados a comparecer.

La Fiscalía, sin embargo, archiva ahora la causa al no ver desobediencia ni delito penal, y recuerda que el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional circunscriben la obligatoriedad de comparecer en aquellas cuestiones en las que las asambleas tengan competencias legales.