El fiscal superior del País Vasco: «Otegui no podrá ser candidato porque una sentencia se lo impide»

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado que Arnaldo Otegui, «en principio, no va a ser» candidato a lendakari por EH Bildu porque «tiene una sentencia firme y, por consiguiente, le impide» concurrir a las elecciones. En este sentido, comparte que es «inelegible».

Además, ha coincidido con el candidato del PNV y portavoz del Gobierno vasco, Josue Erkoreka, en que esta situación «no cae del cielo» y ha recordado que la defensa de Otegui renunció a recurrir al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de inhabilitarle hasta 2021 para ejercer cargo público. De esta forma, cree que, por tanto, «es una polémica que se ha buscado».

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Calparsoro ha indicado que, «en todo caso, el proceso se iniciará esta semana, pero existiendo una sentencia firme y con una liquidación de condena, y tal como señala la Fiscalía de la Audiencia Nacional, esto le va a impedir muy probablemente ser candidato».

Juan Calparsoro ha manifestado que «es verdad que ciertas normas jurídicas admiten diferentes interpretaciones y EH Bildu podrá presentar al candidato que considere que cumple los requisitos y que han elegido sus bases».

«No obstante, hay una sentencia judicial, que es firme, y una interpretación de cómo se ejecuta la pena, que compete al tribunal sentenciador, que en este caso es la Audiencia Nacional, y a la Fiscalía», ha añadido.

Por ello, ha indicado que EH Bildu podrá presentar a Arnaldo Otegui como candidato, pero, «al final», prevalecerá «la interpretación de la sentencia que realice el tribunal».

Según ha manifestado, la competencia en este asunto corresponde a la Audiencia Nacional, por lo que ha puntualizado que él no es competente en el caso. «Tratándose de una sentencia penal, será la fiscalía del órgano del Tribunal que dictó la sentencia y la tiene que ejecutar, la que ponga en marcha los mecanismos que ya ha iniciado», ha explicado.

En este sentido, ha señalado que el Ministerio Público de la AN ha recordado al Tribunal «que remita testimonio, copia de la liquidación de la sentencia a las juntas electorales, para que tengan en cuenta y resuelvan con conocimiento de causa si aceptan o no la candidatura».

Además, ha precisado que la Ley electoral establece la posibilidad de recurrir la decisión de la Junta Electoral de Gipuzkoa, tanto por parte de la propia coalición soberanista como por el resto de candidaturas, ante el Juzgado de lo Contenciosos Administrativo. Este órgano jurisdicción deberá resolver en el plazo de dos días y su decisión podrá ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo estimará o rechazará.

Postura

Juan Calparsoro ha asegurado que la postura de la Fiscalía General del Estado y la de la Fiscalía vasca «es la misma, obviamente», porque se encuentran sujetos al principio de unidad de actuación. «Lógicamente, el Ministerio Fiscal es uno, somos diferentes órganos, pero, por el principio de unidad de actuación, la postura es igual y va a ser igual, tanto en la Audiencia Nacional como en un eventual rescurso contencioso electoral», ha aclarado.

El fiscal superior del País Vasco ha indicado que mantiene, tanto con la Fiscalía General del Estado como con la de la Audiencia Nacional, un contacto «completo» para coordinar las actuaciones.

«Con la Fiscalía de la Audiencia Nacional hemos mantenido un contacto, comunicación, aunque es esta Fiscalía la competente, a la que corresponde instar la aplicación de la pena», ha dicho.

Preguntado por si la Fiscalía de la Audiencia Nacional podría haberse «adelantado» al advertir a Arnaldo Otegui de la imposibilidad de ser candidato, ha considerado que no, porque «aunque todavía no se han presentado las candidaturas, ya se ha anunciado».

«Es una cuestión preventiva, un poco por avisar y para que se conozca la situación penal que tiene este posible candidato y la tengan en cuenta, no solo las Juntas Electorales que tienen que intrevenir, sino también la propia coalición, para que nadie se llame a engaño», ha explicado.

Ha recordado que, en el caso del parlamentario Iker Casanova, también inhabilitado en sentencia y que, pese a la resolución judicial, ocupa un escaño en la Cámara autonómica vasca, fueron la propia Fiscalía de General y la de Audiencia Nacional las que determinaron que no se podía ejercitar la pena «porque no se especificó el cargo» al que no podía concurrir en el fallo. «Otro caso es que ese criterio se mantenga o no se mantenga ahora», ha apuntado.

Calparsoro ha destacado el hecho de que la sentencia que inhabilitó a Arnaldo Otegi, aunque no especifique los cargos para los que no podrá ser elegido, se acompañe de «otra inhabilitación aparte de la de cargo, que es la de sufragio pasivo». «En ese caso, la Ley ya no exige que se especifique el cargo, sino que es una inhabilitación para cualquier elección», ha apuntado.

El fiscal superior del País Vasco cree que «en la primera (inhabilitación) va a haber dificultades de que se pueda ejecutar», si bien cree que «eso lo tendrán que interpretar el tribunal, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el tribunal sentenciador y, eventualmente, el Constitucional, si llega el caso».

A su juicio, «la clave va a estar ahí», en su criterio. En este sentido, ha indicado que él comparte la postura de la Fiscalía Nacional, que establece que Otegui es «inelegible». «Por tanto, yo, como fiscal superior del País Vasco comparto y asumo el criterio. Entiendo que la postura que corresponde al Ministerio Fiscal es la que ya dijo y la que ha fijado la Audiencia Nacional», ha indicado.

No obstante, ha dicho que «está claro que el criterio va a corresponder, en último término, a la Audiencia Nacional y al órgano que está por encima de todos los demás, que es el Tribunal Constitucional». «Al final, no se puede decir en derecho nada absolutamente seguro, pero es muy difícil que se pueda presentar», ha apuntado.

Con el portavoz del Gobierno vasco

Por otra parte, Calparsoro ha asegurado que comparte las manifestaciones del portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, quien este pasado lunes afirmó que la situación en la que se encuentra el líder de la formación soberanista no cae «del cielo» ahora, sino que ha sido propiciada por su defensa, al no recurrir al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de inhabilitarle para ejercer cargo público para 2021.

Según ha apuntado, esta «polémica» surgió hace «siete u ocho meses» cuando la defensa de Otegui presentó un escrito en la Audiencia Nacional interesando que no se le aplicara la inhabilitación, petición que «fue rechazada». Entonces, el letrado «pudo haber interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo y no lo hizo». «Prefirió seguir la vía que se va a realizar ahora. Hubo una omisión, una renuncia a acudir a otra instancia».

Para Calparsoro, «parece que lo que ha pasado» es que, entonces, se renunció a la vía procesal. Aunque ha añadido que «cualquier ciudadano puede utilizar todos los recursos disponibles», a su juicio, este proceder «da pista de cuál es la verdadera finalidad de este tipo de procesos». «Está claro que toda esta polémica, al final, es una polémica que de alguna forma se ha buscado», ha señalado.

También ha considerado «sería mejor» al «extremo» de que el asunto no acabe en el Tribunal Constitucional, y que «todo quedara en el ámbito que le corresponde, el de la justicia ordinaria». «Esperemos que todo se resuelva antes», ha deseado.