Expertos en Constitucional dejan en evidencia las leyes soberanistas
Más de 200 profesores denuncian la falta de fundamentos jurídicos de las normas
El armazón jurídico con el que los partidos soberanistas pretenden culminar su desafío en Cataluña no deja de recibir varapalos. Aunque la intención de Puigdemont era la de crear una suerte de legalidad paralela con la que sortear las leyes españolas, incluida la Constitución, su precipitada construcción -protagonizada por un espectáculo calificado por muchos de antidemocrático en el Parlament-, le está valiendo numerosas críticas por parte de los expertos en la materia.
El último caso es el de un manifiesto difundido por la Asociación de Constitucionalistas de España ( consúltelo en PDF ), en el que más de 200 profesores de Derecho Constitucional dejan en evidencia la falta de fundamentos jurídicos de las normas aprobadas por el soberanismo -la ley del referéndum y la denominada de transitoriedad jurídica-.
En el escrito, además de recordar que estas leyes son contrarias al ordenamiento constitucional, «tanto por su forma de tramitación, con evidente vulneración de las normas parlamentarias y de los derechos de las minorías, como por su contenido, porque la Comunidad Autónoma carece de competencias para convocar referéndums», los expertos explican que, en ningún caso, tienen apoyo en el Derecho Internacional , como la propia Ley afirma en su Preámbulo.
«Es de sobra conocido entre los especialistas el Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 20 de agosto de 1998, que niega la legalidad internacional de la independencia unilateral de Quebec . Y, desde luego, mucho menos lo puede tener en el Derecho de la Unión Europea, que consagra en su Tratado fundacional el respeto a la integridad territorial de sus Estados miembros», reza el manifiesto, que añade que tampoco cumplen con los criterios para la organización de referéndum que establece la Comisión de Venecia delConsejo de Europa.
Respeto a la legalidad
Los más de 200 firmantes del escrito también insisten en que las resoluciones del Tribunal Constitucional « pueden no compartirse , e incluso criticarse», pero no se pueden desobeder, ya que el TC «es el máximo intérprete de la Constitución y sus resoluciones obligan a todos los poderes públicos y a los particulares».
