Editorial de ABC: Acoso a la libertad de prensa

Con un celo inquisitorial poco frecuente, el Ministerio Fiscal ha acusado a dos veteranos y prestigiosos periodistas de ABC pidiendo contra ellos penas de prisión por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. También son acusados por Luis Bárcenas, mencionado en una conversación telefónica intervenida a un grupo mafioso. Por eso, que Bárcenas, personaje incompatible con la verdad, acuse a unos dignos periodistas entra dentro de lo que cabe esperar. Pero que la Fiscalía haya formulado contra Pablo Muñoz y Cruz Morcillo una acusación con pena de cárcel constituye un precedente muy grave para la libertad de información en España. Podríamos también preguntarnos por qué se afana tanto el fiscal en perseguir a nuestros periodistas por informar a los lectores de una conversación telefónica entre mafiosos, mientras a diario tanto jueces como fiscales dejan de investigar filtraciones con consecuencias directas en el buen fin de las investigaciones, lo que no sucedió con la información de ABC sobre la operación Tarantela.

Cabe recordar que el juez Andreu ordenó incluso una inquisición general sobre los teléfonos móviles de los periodistas acusados, medida desproporcionada donde las haya.

Es preocupante que la Fiscalía, emplazada por la Constitución a defender los derechos fundamentales y las libertades públicas, a proteger el principio de legalidad, haya ignorado en sus escritos la prioridad constitucional de la libertad de información como instrumento esencial de una sociedad democrática. La información de ABC se produjo cuando la investigación judicial sobre la operación Tarantela ya no era secreta y se refería a un hecho absolutamente cierto -una conversación telefónica que relacionaba a Luis Bárcenas con un grupo mafioso-, y no causó ningún perjuicio a la instrucción judicial. El asunto informativo era de interés general, afectaba a un personaje público y fue tratado con máxima diligencia profesional. ¿Dónde está el delito?

Para el fiscal, el secreto sumarial es preferente a la libertad de información. Se equivoca en este caso, porque su criterio contradice la doctrina del TC sobre la relación entre la prensa y las investigaciones judiciales. ABC ofreció a sus lectores una «información rectamente obtenida», utilizando los términos del TC, basada en una actuación profesional diligente, contrastando los datos y asegurando a nuestros lectores su veracidad. Para cuando un medio informa de una diligencia de investigación secreta, hace mucho que tal diligencia dejó de ser secreta, y no por obra de los periodistas, sino por quien la extrajo del proceso judicial. ABC no solo respalda la actuación de sus periodistas, quienes en ningún momento participaron en el descubrimiento de secretos ni conocían reserva o ilicitud alguna, sino que considera la acusación contra ellos como un acto de acoso al sistema de libertades democráticas, que no dejaremos de denunciar.