Un directivo reduce el papel de Diplocat al de una agencia de turismo

El que fue secretario general de Diplocat hasta la aplicación del 155, Alberto Royo , ha negado que el Consejo llevara a cabo ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal.

Aunque ha reconocido que el 87 por ciento de la financiación de este órgano proviene de la Generalitat, responsable, además, del control financiero, ha desvinculado al «Govern» de la actividad del consorcio.

A diferencia de la la Fiscalía, que mantiene que Diplocat actuaba como una «suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal» para difundir el mensaje independentista, Royo ha reducido su papel poco menos que al de una agencia de turismo. «Estábamos haciendo diplomacia pública, no diplomacia como tal . Se trata de reconocer los activos de un territorio, en este caso de Cataluña, actividades culturales, paisajísticas...», ha señalado el testigo.

Imputado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Royo ha asegurado desconocer en qué número aumentaron las delegaciones del «Govern» en el exterior en 2017 y negó también el incremento presupuestario para este fin.

Royo explicó que Diplocat siempre (desde 2014) ha trabajado con observadores internacionales y que es una actividad frecuente, y no excepcional, donde se enmarca la visita de un grupo de ellos entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, unos días claves, pues fue ahí donde se celebró la consulta ilegal. «No dimos ni un euro a ningún observador internacional por nada relacionado con el 1-O», ha insistido el testigo, que no ha dado una explicación razonable a un ingreso de 54.030 euros desde una cuenta de Diplocat al Reino Unido , presuntamente para pagar a un observador.

En total, la Fiscalía cifra en 40.591 euros los gastos de desplazamiento, alojamento y estancia del grupo de observadores al que la Generalitat paseó por los colegios electorales el 1-O.