La decisión del TC refuerza a ERC y el PDECat para pedir la renuncia de Puigdemont
Los diputados fugados a Bélgica Puig y Ponsatí renuncian a sus escaños para asegurar la mayoría independentista en la Cámara
Un poco más cerca de la solución. La decisión del Tribunal Constitucional fue acogida con la habitual dosis de propaganda en el campo independentista, algo compatible con asumir que, en realidad, nada ha cambiado en lo sustancial: el soberanismo sigue enfrentándose a una disyuntiva que deberá resolver en breve: o persistir en el camino de la desobediencia -una vía que ahora solo sostienen Carles Puigdemont , sus elementos más adictos en Junts per Catalunya y la CUP- o intentar formar Gobierno para desactivar el 155 e iniciar una legislatura de desescalada.
La virtud de la decisión del TC es que ha simplificado el escenario, acotando la capacidad de maniobra del expresidente y reforzando a ERC y al grueso del PDECat en su estrategia de presión para que este se sacrifique. También facilitando al presidente del Parlament, Roger Torrent , el veto a una investidura que de seguir adelante tendría consecuencias penales para él. La solución está más cerca, pero no va a ser inminente, en tanto que se da por hecho que únicamente la amenaza de unas nuevas elecciones deshará el nudo de la política catalana que ahora representa el expresidente prófugo.
Como en las últimas semanas, la retórica y el discurso en superficie es «legitimista» -más después de las dificultades del Gobierno para sacar adelante el veto a Puigdemont-, lo que es paralelo al discreto trabajo de zapa para intentar deshacere del expresidente. Fuentes del PDECat reconocen a ABC que tras su gran resultado el 21-D nadie se atreve a cuestionar en voz alta la estrategia del expresidente, aunque de manera general se asume que él es el principal estorbo.
En el PDECat se impone el silencio, lo que no ocurre tanto en ERC, partido que ve los planes de Puigdemont como una amenaza directísima tanto a su estrategia como a su propia supervivencia. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà resumía ayer con su habitual claridad el estado de la cuestión en «La Vanguardia»: «Nuestro interés es cuadrar el círculo, que Puigdemont sea presidente y Junqueras vicepresidente. Pero hay un bien superior: que haya Govern (...) Puigdemont es nuestro candidato, pero es imprescindible que haya un Govern republicano». Resumiendo: «Si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, tendremos que sacrificarlo». No hicieron falta dobles lecturas.
Nuevas elecciones
La rotundidad de Tardà obligó al portavoz de ERC, Sergi Sabrià, a intentar apagar el incendio, asegurando que tras la la resolución del TC, « ahora que el embate es más feroz que nunca , queda más claro que Puigdemont ha de ser nuestro candidato». El mismo Tardà matizó luego, aunque reafirmándose en lo sustancial: «El bien superior a preservar es la titánica victoria independentista del 21-D».
Es en este último punto donde está el aspecto clave para el independentismo, sostienen fuentes políticas, que aseguran que con probabilidad el embrollo catalán no se deshará hasta dentro de dos meses, cuando vence el plazo para investir presidente y la amenaza de unas nuevas elecciones se haga real. «Solo el peligro, cierto, de que en unos nuevos comicios el soberanismo pierda la mayoría y la opción de gobernar, con todo lo que ello implica también respecto a la situación personal de decenas de cargos, hará que, ya sin sordina, ERC y el PDECat devuelvan a Puigdemont a la realidad», apuntan las mismas fuentes. Ni más ni menos la salida que explicitó Tardà, o la que el propio Artur Mas apuntaba en su última intervención como presidente del PDECat, recordando su renuncia -«paso al lado»- de 2015.
Pese a que nadie en el campo soberanista ve otra salida que no sea la del sacrificio de Puigdemont, también se asume que mientras haya tiempo por delante, el prófugo seguirá sin dar su brazo a torcer. Ayer mismo, el diputado de JpC Josep Rull señalaba en Catalunya Ràdio que Puigdemont pedirá autorización al juez del TS Pablo Llarena para asistir al pleno del martes, lo que se interpreta como un nuevo movimiento táctico de un expresident que, en realidad, no tiene intención de regresar sabiendo que su destino es la cárcel. Su abogado belga le aconseja que siga en Bruselas.
Así las cosas, la cuenta atrás de dos meses que se pondrá en marcha esta semana acerca la solución. Aunque ni el Estatut, ni la ley de Presidencia contemplan qué pasa si el presidente del Parlament no propone candidato, hay precedentes que apuntan a que el plazo empezaría a contar desde el día 31, cuando vence el plazo para la primera investidura. Como consecuencia del «tamayazo» de 2003 en la Comunidad de Madrid, un dictamen del Consejo de Estado apuntó que si no se podía proponer candidato a la presidencia en el plazo establecido -como podría alegar Torrent por falta de tiempo-, el plazo de dos meses antes de disolver la cámara empezaría a contar desde el momento en que se pudiera constatar esa imposibilidad.
En todo caso, y para asegurarse la mayoría en caso de una imposible investidura de Puigdemont, los diputados y exconsejeros Puig y Ponsatí -«exiliados» en Bélgica- anunciaron ayer su renuncia.
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