El CGPJ pone en marcha un plan de choque tras el previsible colapso de los juzgados
La prioridad del Poder Judicial es agilizar las causas que contribuyan a la recuperación económica
Lesmes alerta: serán necesarias reformas procesales y organizativas para adaptarse a la nueva situación
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves iniciar la elaboración un plan de choque para cuando se reanude la actividad judicial tras el levantamiento del estado de alarma. Se trata de evitar el previsible colapso de la Administración de Justicia y agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. Durante el estado de alarma sólo están funcionando los considerados servicios esenciales de la justicia, como los centrados en las causas con preso, violencia de género o menores, entre otros.
El órgano de gobierno de los jueces alerta de que cuando se levante el decreto «se producirá una situación inédita y excepcional» en los juzgados y tribunales, ante la que es necesario estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos negativos, consecuencia tanto de la propia reanudación de la actividad judicial suspendida (puesta al día de cada procedimiento, reordenación de los señalamientos, incoación de nuevos asuntos que se encontraran «en espera» en los despachos de abogados , etc.) como del previsible incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma (despidos, EREs, ERTEs, procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de familia, sanciones impuestas por el confinamiento...).
«Resulta por ello absolutamente imprescindible anticiparse a la llegada de ese momento, mediante el diseño de un plan de choque que articule las medidas, de muy distinta naturaleza, que deberían activarse de manera inmediata al levantamiento del estado de alarma» , señala el Consejo.
Un abanico de actuaciones
Según el documento «Directrices para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma», aprobado hoy por la Comisión Permanente, el plan debe basarse en los principios de eficacia (identificación de las medidas con impacto más directo e implantación más rápida en cada caso), especificidad (las medidas no serán las mismas en todos los órdenes jurisdiccionales) y globalidad: se contemplará todo el abanico posible de actuaciones, desde propuestas de reformas procesales urgentes que pudieran abordarse mediante Real Decreto-Ley, hasta medidas organizativas de todo tipo (concentración de asuntos, especialización, normas de reparto, etc.), sin olvidar el incremento de los medios personales y materiales que sean necesarios. Para la ejecución de este plan tiene que haber coordinación entre el CGPJ, tribunales superiores de justicia, Ministerio y comunidades autónomas con competencias transferidas .
La Comisión Permanente ha acordado este jueves la constitución y puesta en funcionamiento de los distintos grupos de trabajo que abordarán la elaboración del plan de choque bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Tres fases
En la primera fase, que se desarrollará en el seno del CGPJ, se constituye un grupo de trabajo técnico para cada orden jurisdiccional (civil, penal, social y contencioso-administrativo) y otro para las medidas de carácter general. Cada uno de ellos estará bajo la dirección de un vocal del Consejo e integrado por letrados del órgano de gobierno de los jueces.
Dentro de la jurisdicción civil, se prestará especial atención a los Juzgados Mercantiles y de Familia. El objetivo de estos grupos de trabajo es elaborar un documento que identifique los problemas y proponga las medidas que se consideren adecuadas , clasificando estas según su naturaleza y el órgano competente para su aplicación. Todas esas propuestas formarán parte de un documento global.
En la segunda fase se dará traslado de esas propuestas a los presidentes de los tribunales superiores de justicia para lo constitución de sus propios grupos de trabajo y, en la tercera, se constituirán los grupos de trabajo externos: uno con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia, a semejanza del que ya existe para el plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas, y otro con los operadores jurídicos.
La última fase será la de implantación y seguimiento del plan de choque , en la que debe quedar claramente determinado el órgano competente para la ejecución de las medidas en función de la naturaleza de éstas: aprobación de reformas legales, dictado de normas organizativas, acuerdos gubernativos (CGPJ, Tribunales Superiores de Justicia…) y se establecerá un mecanismo para el seguimiento y evaluación permanente del plan para poder introducir las correcciones o adaptaciones que resulten necesarias.
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