Su presidente, Pablo Casado, consideró que el órgano consultivo «nos da la razón, tras un año pidiendo un Plan B jurídico contra pandemias» y tendió la mano al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para pactar esa salida jurídica.
«En 15 días podemos aprobarlo, antes de que acabe el estado de alarma», destacó vía Twitter. «Si Sánchez no lo hace será responsable de que las autoridades sanitarias no tengan herramientas contra rebrotes», advirtió. «Está a tiempo de rectificar», insistían desde la dirección de Génova.
Los populares denuncian desde la pasada primavera que la legislación sanitaria es insuficiente y hay que reformarla para poder actuar contra una pandemia sin tener que recurrir a un marco tan agresivo para los derechos y libertades como el estado de alarma.
El Grupo Popular defiende varias posibilidades y entre ellas la reforma de la Ley de Salud Pública, el mismo texto al que apunta el Consejo de Estado. Los populares proponen modificar su artículo 3 para que permita «adoptar medidas para el control de enfermos» y de sus contactos como el aislamiento, tratamiento o localización, así como para «limitar las entradas y salida de zonas afectadas o amenazadas y controlar o limitar el movimiento».
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