La caída a los infiernos de Villarejo: «Soy paciente, he aprendido, ahora hago caja»
El declive del excomisario comenzó con la operación contra la mafia china de Gao Ping, pero fue el caso del «Pequeño Nicolás» el que le dejó en evidencia
La caída del excomisario Villarejo, en prisión desde hace ya casi un año, comenzó a fraguarse en 2014. Estos son los hitos que lo colocaron a medio camino entre la comisaría y el juzgado. Logró sortearlos, hasta que una denuncia anónima lo puso contra las cuerdas y acabó detenido.
Emperador
La operación contra la mafia china de Gao Ping fue la primera que afectó al expolicía al salir el nombre de su hijo y pedirse la imputación de su amigo Carlos Salamanca, lo mismo que se hizo en 2012 con el inspector de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo por sus tratos con la red. Asuntos Internos reclamó todas la grabaciones del caso y empezaron a aparecer policías. El más relevante, Salamanca, comisario jefe del aeropuerto de Barajas, que en una de las escuchas pedía que trataran bien al hijo de Villarejo.
Ocho policías fueron acusados de recibir regalos y dádivas por favores a la trama. «¿Se lo mandamos al juez Andreu?» (era el instructor del caso), comentaron los investigadores. «No, que va a La Piluca». Se referían a un castizo restaurante, frecuentado por policías y miembros de la Audiencia Nacional, uno de los predilectos del «exnúmero 3» de Madrid Francisco Granados y su íntimo Salamanca, según las escuchas del caso Púnica. En marzo de 2014, Anticorrupción pidió la imputación de los policías y Andreu tuvo que inhibirse por su amistad con el jefe de Barajas, exonerado por el Supremo sin sentarse en el banquillo.
En las escuchas de la operación Tándem se refleja cómo su amigo Charly captaba clientes para él. «Ni que decir tiene que si el chico es ok, nos acordaremos de los reyes magos», le dice Villarejo. «Ya te diré yo el modelo de coche que necesito», le responde Salamanca, tras otra gestión. Villarejo trasladó al DAO (número 2 de la Policía), Eugenio Pino, su enfado porque se investigara a su colega. Cuando quedó libre de cargos, escribió al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas : «Creo que absuelve la Sala con todos los pronunciamientos a favor al malvado Salamanca. Cuánto lamento que tan magnífica y sesusa (sic) investigación tan bien dirigida por ti no diera sus frutos. Espero que con la mía tengas más éxito. Atentamente». La «guerra de comisarios» (Villarejo y Martín Blas) había empezado.
Doctora Pinto
El 9 de abril de ese 2014, Elisa Pinto , una dermatóloga de la jet, acusaba en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid al entonces consejero de OHL Javier López Madrid , de acosarla y amenazarla. Se quejaba además de la «inactividad» de la Policía, que achacaba a las influencias del denunciado. Poco después, en un procedimiento que sigue enquistado en dos juzgados diferentes, la doctora acusó a Villarejo de colaborar con López Madrid en las amenazas e, incluso, de apuñalarla.
Fue imputado, pero aportó al juzgado un escrito donde su socio, el abogado Rafael Redondo (excarcelado hace días tras pagar 100.000 euros de fianza), admitía que era él y no Villarejo quien acompañó a López-Madrid a ver a la doctora para convencerla de que dejara de acosar a la familia y amigas del empresario. La visita fue grabada, y difundida después por «El Español».
López Madrid reconoció al juez que «un amigo le recomendó que hablara con el sr. Villarejo». Éste llegó a comentar en privado que fue Paco Granados quien le pidió que intermediara. La defensa de Pinto le acusó de dar al empresario sus servicios y los del grupo de personas, entidades e incluso medios de comunicación «que éste controla» y de «utilizar su influencia». El excomisario tuvo acceso en esta etapa de «asesoramiento» a los datos telefónicos de López Madrid, persona del entorno social de Doña Letizia ...
Meses después, Asuntos Internos, dentro del caso Nicolay, dijo de Villarejo que se prevalió de su «privilegiada condición policial y de su red de contactos policiales, tanto para la ejecución de esas actividades ilícitas (revelación de secretos, obtención de información confidencial para actividades privadas, intervención en investigaciones judicializadas sin justificación oficial, alteración de la verdad …) como para realizarlas con total impunidad». El tiempo confirmó cada palabra.
Prima
En esos meses de 2014, el hiperactivo Villarejo también se vio salpicado por la operación Prima. «Quería vender que protegía al cabecilla de la red y que podía frenar las pesquisas», explican las fuentes consultadas. En una reunión en la Dirección Adjunta Operativa, cuenta a Martín Blas, que unos policías están amenazando y siguiendo a un amigo suyo y le da una matrícula de coche. Su objetivo era «averiguar de qué unidad esos vehículos», que sí seguían a «su amigo», pero por ese caso, judicializado en Fuenlabrada.
A mediados de noviembre la trama dirigida por el hindú Harischadra Varma fue desarticulada. Dos traductores contratados por la Policía fueron juzgados por estar a sueldo del capo. Asuntos Internos investigó a Villarejo porque Varma denunció que le seguía un coche policial tras recibir un chivatazo de dos líneas teléfonicas, vinculadas a Martín Reyes Villa. La juez sospechaba que esa y otra identidad, J. Hidalgo, eran falsas y sobre ellas planeó la sombra del comisario.
Varma contó después que se había reunido tres veces con Villarejo (usaba otra identidad) y que sólo lo reconoció al verlo en los periódicos. El abogado del capo, Óscar Jiménez Rubia, también detenido, llegó a ofrecer a los investigadores la cabeza de Villarejo. Todo fue humo. Salvo que la jueza no autorizó ningún agente encubierto en la operación Prima y que el nerviosismo del DAO, Eugenio Pino, al que en teoría rendía cuentas Villarejo, crecía.
Nicolay
La gran conmoción llegó en noviembre tras la detención de un personaje de segunda que se convirtió en uno de primera gracias a su «ideación florida» y a los tejemanejes que surgieron a su alrededor. Con el arresto de Francisco Nicolás la «guerra de comisarios» desembocó en crisis en Interior. Fue detenido el 14 de octubre por Asuntos Internos. Se había hecho pasar por agente del CNI e intentó perpetrar una estafa. Contó que Villarejo pagó a Javier de la Rosa 200.000 euros por desenmascarar a los Pujol y además hallaron notas sobre el comisario en el registro de su casa.
El 20 de noviembre se celebra una reunión en Asuntos Internos con el CNI, grabada y filtrada a algún medio. Martín Blas acusa a Villarejo, a su mujer y a un periodista que trabajaba para ellos de estar detrás de la grabación. La cita solo la conocía el DAO.
El 17 de diciembre Pino llama a su despacho al jefe del grupo investigador, el inspector Rubén. Allí están el inspector jefe José Luis Gago, jefe del gabinete del DAO, Villarejo y el comisario Enrique García Castaño , «el Gordo», sin relación con el caso. Pino recrimina al inspector que incluyera en las diligencias a Villarejo y le ordena que le informe de todos los detalles del caso, en especial lo referido a su protegido y pese al secreto de sumario. Al salir, Gago le dice al investigador: «Bienvenido a la Primera División, pero que no se entere Marcelino» (jefe directo del inspector Rubén). Este declararía que se sintió coaccionado y que los hechos podían constituir un delito de obstrucción a la Justicia.
Los siguientes dos años fueron un cúmulo de extravangancias en el caso Nicolay, en los que el instructor, el juez Arturo Zamarriego, se vio obligado a nombrar una comisión judicial con Martín Blas, el inspector Rubén y otros cuatro policías de Asuntos Internos. A Zamarriego lo visitó Villarejo diciéndole que iba de parte del director de la Policía: era falso; fueron también otros mandos para sugerirle cambio de investigadores; se cruzaron denuncias en otros juzgados…
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió sin fisuras a Villarejo tras un informe «ad hoc» de Gago sobre la compatibilidad de actividades del comisario y su patrimonio. Villarejo era aún el «patriota» que se jugó la vida en operaciones de terrorismo y crimen organizado. Ni él ni Pino concretaron una sola al juez...
Los investigadores desvelaron los intereses y la implicación de los amigos del excomisario en el caso Nicolay, con Adrián de la Joya a la cabeza y su vinculación con la finca La Alamedilla, objeto de la supuesta estafa origen del caso. Recientemente, la juez que sustituyó a Zamarriego y suprimió la comisión judicial también dio carpetazo al asunto de la finca.
Caso Ático
En marzo de 2015, con los citados frentes abiertos, «El Mundo» publica la grabación de una reunión entre el expresidente madrileño, Ignacio González y, otra vez, Villarejo y su «tronco», «el Gordo». González dijo que fue un intento de chantaje por el ático que compró en Estepona. La investigación había comenzado en un juzgado de esa localidad en 2012, pero Villarejo aportó más de tres años y medio después un informe fechado en julio de 2011 en el que afirmaba que el político pudo recibir un soborno vinculado con Gürtel y la Púnica. Actuó no solo sin autorización judicial, sino que la fecha de ese informe es previa a las diligencias policiales. Los investigadores ignoraban la participación de Villarejo. El «agente encubierto» actuó en teoría por orden del DAO, el fallecido Miguel Ángel Fernández Chico.
Villarejo reconoció al juez que fue el autor de la grabación (no se la dio ni a sus compañeros ni al juzgado, sino a un periódico) e insistió en que la hizo por interés policial. Su amigo, «el Gordo», que fue quien concertó la cita, admitió entonces a ABC que él ignoraba que la reunión se hubiera grabado.
Cataluña
Nicolás, al contar que medió en el caso Pujol y que todo fue a través de De la Rosa , a quien Villarejo -según el detenido- hacía pagos a cambio de información en ese asunto, abrió otro melón. El comisario declaró en julio de 2016 que participó en investigaciones sobre políticos catalanes, como los Pujol. Pero de nuevo sin autorización judicial. Fue, según varias fuentes consultadas, quien distribuyó los «informes apócrifos» de la UDEF contra los Pujol y Artur Mas que no eran más que un corta y pega de otros de esa misma unidad.
Su socio asistió ante la Policía a los dos testigos de cargo: Victoria Álvarez , expareja de Jordi Pujol Ferrusola y Javier de la Rosa. Ninguno admitió haber cobrado de los fondos reservados.
Tras esos dos años tan intensos, en junio de 2016, Asuntos Internos pidió al juez Zamarriego la detención de Villarejo por el caso Nicolay, cuando le quedaban solo unos días para jubilarse. Se lo denegó en el último momento. Dieciséis meses después, otros actores, también de Asuntos Internos, le colocaron las esposas en su casa.
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