El día que Batasuna claudicó y reconoció su integración y subordinación a ETA

Hace solo un año y por primera vez, los jefes de Batasuna claudicaron por miedo a entrar en prisión y reconocieron lo que siempre negaron: que formaron parte de ETA y cumplieron órdenes de la banda terrorista en su labor política. Un paso inédito que llegó trece años después de que el juez Baltasar Garzón ordenara suspender las actividades de Batasuna y prohibiera todas sus actividades bajo el argumento de que formaban parte de ETA.

Los 35 acusados del último gran juicio contra el macroentorno de ETA -juzgados por intentar reconstruir la cúpula de Batasuna desde octubre de 2005 a 2009- reconocieron el 13 de enero de 2016 su integración en ETA y aceptaron penas bajas de prisión, que les permitió evitar ingresar en la cárcel.

Los 35 implicados, además de reconocer el daño causado y reafirmar su apuesta por las vías pacíficas, aceptaron el relato de hechos expuesto por la Fiscalía y las asociaciones de víctimas, acusaciones privadas del caso.

Su intención era clara: dejar de entrar en prisión al ser condenados a penas inferiores a dos años. Para ello, pagaron el peaje de reconocer que trabajaron a las órdenes de ETA en el intento por levantar la cúpula de la ilegalizada Batasuna a través de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), una confesión que dejó en papel mojado el discurso histórico de la izquierda abertzale, que siempre ubicó su actividad en los cauces puramente políticos.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia valoraron que los batasunos reconocieron su servicio a ETA y tuvieron en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo que rebajó las penas a diversos dirigentes abertzales por el tiempo transcurrido desde que comenzó la investigación hasta el juicio, una circunstancia que podría haberse repetido.

Tren de alta velocidad

Los jueces -que concluyen que Batasuna fagocitó las siglas de ANV y PCTV- profundizan en las raíces de la serpiente etarra y aseguran que la banda diseñó una estructura de frentes ya en 1967. ETA planeó desplegar su actividad en cuatro terrenos: el militar, el político, el cultural y el obrero. Para ello, creó plataformas por «cauces legales», que trataron de ocultar su «dependencia» de ETA. Así nació Herri Batasuna en 1978, ilegalizada en 2003.

El mejor ejemplo de este «desdoblamiento» (en los años por los que fueron juzgados los jefes de Batasuna) fue la campaña para impedir que el tren de alta velocidad llegue al País Vasco.

Sabotajes, pintadas, corte de cables, pinchado de ruedas y obstrucción de tubos de escape a los camiones hormigoneras de las empresas participantes en las obras, llevados a cabo por los miembros de Segi, los cachorros de ETA. En un comunicado, Segi aseguró que los implicados en las obras de la llamada «Y vasca» estaban «en el punto de mira del enfado popular».

En otro plano, los responsables de ANV y PCTV expresaron su oposición al proyecto impulsado por el Gobierno vasco y recogieron firmas en los municipios gobernados por sus siglas.

Las pistolas intervinieron el 3 de diciembre de 2008, cuando ETA asesinó en Azpeitia (Vizcaya) al empresario Ignacio Uría. El terrorista Beñat Aginagalde le descerrajó tres disparos al empresario, de 71 años, cuando Uría se dirigía al restaurante Kiruri para jugar la habitual partida de cartas con la cuadrilla. Padre de cinco hijos, Ignacio era consejero de la empresa Altuna y Uria, encargada del trazado ferroviario entre Arrazua y Legutiano.

A lo largo de 2016, otros dirigentes abertzales (Hasier Arraiz y 9 líderes de EKIN) también claudicaron y reconocieron que formaron parte de ETA.