La auditoría en la que se ampara Narbona censuraba el despilfarro de Acuamed
La presidenta del PSOE dijo ayer en el Senado que la IGAE hizo una «auditoría favorable», pero el informe destaca que los 11,7 millones de euros gastados en publicidad «no guardan relación con el objeto social de Acuamed»
Cristina Narbona, presidenta del PSOE, compareció ayer en la Comisión del Senado sobre Financiación de Partidos Políticos para aclarar aspectos de su gestión del Programa AGUA cuando era ministra de Medio Ambiente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En su intervención negó irregularidades en Acuamed y señaló que « en el periodo que fui ministra , fue objeto de la pertinente auditoría por parte de la Intervención General del Estado y la Abogacía del Estado» confirmando «que había habido una auditoría favorable a las cuentas con posterioridad» y que era «todo lo que podía decir».
ABC ha tenido acceso al Informe de Auditoría de Cumplimiento y Operativa de Acuamed durante los ejercicios 2007 y 2008, organismo dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, donde reza en el apartado de «Contratación» las adjudicaciones realizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales a cargo de Joan Navarro, nombrado por Narbona , desde su creación en octubre de 2006 hasta junio de 2008, «período en el que se formalizaron 67 contratos por un importe total de 11.728.886 euros».
«El análisis realizado pone de manifiesto que el 95% de la cantidad adjudicada, 11.199.989 euros, se ha destinado a las campañas informativas de programas del Ministerio de Medio Ambiente, básicamente el programa AGUA, 5.369.515 euros, divulgación de la actividad de desalación y de las plantas desaladoras, 2.922.336 euros, y a distribución de agua desalada, 2.917.138 euros» sin que todavía estuvieran construidas ninguna de las plantas aprobadas por el real decreto de 2004 con carácter extraordinario y de urgencia.
En opinión de la Intervención General del Estado, «dichas actividades no guardan relación con el objeto social de Acuamed» centrada en «la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas». La IGAE llamó la atención del gasto desorbitado en «propaganda, publicidad y relaciones públicas» de la empresa estatal dependiente del ministerio de Narbona. En dichas adjudicaciones se encuentran los contratos investigados por supuesta financiación ilegal del PSV a Crespo Gomar y Silvia García, y los contratos para envasar, etiquetar y distribuir 1 millón de botellitas de agua por 1 millón de euros que se adjudicó en contra de las bases del pliego a agencias publicitarias como publicó ABC.
Durante su comparecencia, la exministra se desvinculó de los contratos, que asignaron los colaboradores que nombró al frente de Acuamed, tanto el director general Adrián Baltanás, como el responsable del diseño de la campaña publicitaria Joan Navarro, justificando el gasto por «un esfuerzo de comunicación» para contrarrestar el «alarmismo» que orquestó el PP contra el agua desalada. «Hubo amenazas, descalificaciones y trabas administrativas» que según Narbona explicarían el alto volumen de coste en publicidad. Si sumamos las cantidades gastadas de fondos públicos con el dinero «donado voluntariamente» por constructoras superan los 18,5 millones de euros entre 2007 y 2008.
Desviación presupuestaria del 80%
Este gasto publicitario contrasta con la advertencia de la IGAE «que no ha existido publicidad» para la contratación relativa a gastos de funcionamiento y «que ésta se ha limitado a la web de la entidad» debiendo incrementar la «publicidad y concurrencia en sus adquisiciones, dando estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público y a su Normativa Interna sobre Contratación».
La IGAE también remarca que Acuamed en la etapa socialista «debe evitar que en el futuro se reiteren las desviaciones presupuestarias elaborando unos presupuestos más realistas y ajustando su actividad a los mismos». Señalando que, por los convenios firmados, «está asumiendo la totalidad de la financiación» y aunque permite repercutir a los usuarios el coste de la financiación ajena, «ésta no se ha concertado». Así ha ocurrido con tres de las desaladoras adjudicadas durante la etapa de Narbona. Tanto las plantas de Oropesa, Moncofa y Sagunto siguen sin estar operativas porque los municipios no quieren asumir los mencionados convenios al tener que costear la amortización de la obra, por mucho que «nadie les puso una pistola en la cabeza» para que firmaran.
Según el informe, la explotación de actuaciones hidráulicas a 31 de diciembre de 2007 remarca «una insuficiente recuperación del coste de las actuaciones y del coste de su explotación» y llama la atención analizando la tesorería de la entidad a finales del año 2008, «que salvo que obtenga nuevas fuentes de financiación, únicamente podría atender los pagos comprometidos en el primer trimestre de 2009». Concluyendo que la sociedad dependiente en esos momentos de Narbona tenía una «presupuestación poco realista, que provoca desviaciones de ejecución de más del 80%». Nada que ver con «la auditoría favorable» con la que quiso Narbona justificar su gestión en el Senado.
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