Los arrestados de la CUP por quemar fotos del Rey guardan silencio ante el juez

Los cinco investigados por quemar fotos del Rey en la manifestación de la Diada han permanecido en silencio ante el juez al no reconocer que la Audiencia Nacional tenga «legitimidad sobre la soberanía del pueblo catalán». Los arrestados, que han sido detenidos entre el lunes y el martes por plantar al juez que les llamó a declarar y están imputados por un delito de injurias a la Corona, califican este proceso de «persecución política».

«Desde la izquierda independentista consideramos que este procedimiento ha sido un ataque frontal a todas las organizaciones que la conforman, a la soberanía de los Países Catalanes y a la libertad de expresión», ha manifestado a los medios un abogado de dos de los imputados, quien ha asegurado que solo esperan el archivo del caso.

Los cinco imputados han quedado en libertad sin medidas cautelares, después de comparecer ante el magistrado, una cita que se retrasó hasta el traslado de Nora Miralles y Roger Santacana, dos de los investigados, que fueron arrestados en Alcalá de Henares cuando se encontraban en un autobús camino a la Audiencia Nacional para apoyar a los otros tres implicados. El portavoz de los cinco investigados también ha pedido la dimisión de Jordi Jané, el consejero del Interior de la Generalitat, un gobierno de Convergencia sostenido por la CUP.

Entre los imputados están el portavoz municipal de una marca electoral de la que Podemos forma parte en la localidad de Santa Coloma de Gramanet, Aitor Blanc (de Som Gramanet), y un asesor del partido antisistema de la CUP, Iván Altimira. Los otros tres son Jordi Almiñana, Nora Miralles y Roger Santancana, vinculados a la CUP.

Esta quema de fotografías se produjo en una manifestación de la izquierda independentista el pasado 11 de septiembre, bajo el lema de «desobediencia», en la que decenas de manifestantes quemaron unos folletos que se habían repartido antes y que llevaban la fotografía del Rey y, en su reverso, la primera página de la Constitución española.