Los acusados de Alsasua califican de «episodio fortuito» el ataque y niegan seguir la estrategia de ETA
Los abogados defensores de los supuestos agresores exponen sus conclusiones en el juicio
Los acusados por la agresión de Alsasua (Navarra) han calificado este viernes de «episodio fortuito» el ataque a los dos guardias civiles y sus parejas que tuvo lugar en la madrugada del 15 de octubre de 2016, por el que son acusados de terrorismo. La abogada defensora de Jokin Unamuno , uno de los principales encausados, ha alegado que lo que sucedió fue «un encontronazo» en un entorno festivo, sin ninguna premeditación, sin ninguna vinculación con la banda terrorista ETA, y sin la finalidad de atemorizar al colectivo policial. «Son unos hechos aislados fruto de una discusión sobre si los agentes debían estar allí por el hecho de ser guardias civiles», ha explicado la letrada Amaia Izco , habitual defensora de presos etarras. La Fiscalía sostiene todo lo contrario y califica de terrorismo y fascismo «puro» el ataque.
En su alegato final, el turno para exponer las conclusiones tras la práctica de las pruebas en el juicio, la abogada se ha esforzado en rebatir la acusación por terrorismo . La letrada ha negado que el movimiento Ospa, que canaliza la campaña de hostigamiento a la Guardia Civil en Alsasua y en el que la Fiscalía sitúa a varios acusados, como el propio Unamuno, desarrolle una estrategia marcada por ETA. Ha defendido que este colectivo denuncia las actuaciones policiales «sin ejercer violencia y sin ninguna relación con ETA» a través de actividades «de mejor o peor gusto», y ha enfatizado que no es considerado «una organización terrorista». Según la abogada, no se ha demostrado la vinculación de esa campaña con la banda terrorista.
Para convencer al tribunal de esa ausencia de conexión terrorista, la abogada ha cuestionado e impugnado la prueba pericial de inteligencia, en la que tres agentes de Información de la Guardia Civil ubicaron la agresión en la estrategia heredada de ETA y en la campaña Alde Hemendik , organizada en municipios de Navarra y el País Vasco para atemorizar a los colectivos policiales y expulsarles de dichas regiones.
También ha restado credibilidad al «manual práctico de Alde Hemendik», el documento aportado por los peritos de Inteligencia que fue incautado a los llamados cachorros de ETA en el año 2000, una especie de hoja de ruta de coacciones contra la Guardia Civil . «No se ha acreditado que los acusados lo hayan leído» ni siquiera, ha manifestado la abogada, que ha criticado que la Guardia Civil considere que el nacimiento del movimiento Ospa en 2012, doce años después, sea un desarrollo de ese mandato terrorista del año 2000.
«Se han presentado unos hechos magnificados para hacerlos compatibles con la gravedad que exige la acusación por terrorismo», ha concluido Amaia Izco, que ha negado que, aunque sea sin el amparo de una banda terrorista, la actuación individual de los acusados tampoco puede encajar en las finalidades terroristas reguladas en la ley. «Solo una interpretación abierta de la norma penal, como si fuera una norma en blanco, permitiría enmarcar los hechos» en terrorismo. Según ella, no hubo alteración de la paz pública ni intención de aterrorizar a los agentes . Las víctimas, en cambio, relataron que los supuestos agresores fueron a por ellos por ser guardias civiles y describieron el clima de aislamiento sufrido en la localidad.
La abogada de Unamuno sí ha admitido que en el interior del bar Koxka, el lugar de los hechos, se produjo una discusión propiciada por su cliente «por la condición de guardias civiles» de los agredidos. «Ese hecho –una discusión que la letrada ha explicado por las multas y actuaciones ordinarias de los agentes- es el disparador de lo que ocurre después, sin que fuera su finalidad», ha expresado. Ha negado sin embargo que su defendido propinase ningún «golpe, patada o puñetazo» y ha asegurado que la identificación que hicieron de él las cuatro víctimas fue un reconocimiento de «brocha gorda», abstracto, sin ninguna atribución concreta al bajar al detalle en el relato de lo sucedido aquella noche. Unamuno, para quien solicitan 50 años de prisión por lesiones terroristas, se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2016.
«No es rubio»
El abogado de Ohian Arnanz, Jaime Montero , ha buscado difuminar su participación y ha asegurado que el teniente y el sargento «se han confundido de persona». Según ha explicado, las acusaciones han descrito a Arnanz como un «chico rubio» cuando «ni lo es ni lo era en el momento de los hechos», y así lo han confirmado las fotografías extraídas de su teléfono fechadas en días antes de la noche de la agresión. Lo mismo ocurre con las descripciones de Pilar, la novia del sargento, que manifestó que Arnanz tenía «el pelo clarete» y con la de María José , la novia del teniente, que pese a ser vecina del acusado, no menciona su nombre en ningún momento y sólo dice que era un chico «alto, rubio y de ojos claros». Según la defensa, la descripción del aspecto que las cuatro víctimas realizan es «directamente la de otra persona».
Jaime Montero también ha asegurado que existen otros elementos que han podido influir en el error de los guardias civiles en su reconocimiento, como la oscuridad del local, la supuesta turba de personas implicadas en la pelea, así como el aturdimiento general y el estrés generado por la situación. Además, ha sugerido que en las baterías de reconocimiento se dieron irregularidades que apuntaban directamente a su cliente como agresor, ya que su fotografía era la única que se asemejaba a los rasgos antes descritos.
Asimismo, el abogado ha subrayado que Ohian Arnanz no pertenece al movimiento Ospa ni a ningún colectivo de la izquierda abertzale. Si así lo fuera, ha explicado, su nombre aparecería en los informes de inteligencia sobre las actividades que el grupo radical realiza en Alsasua y que recoge la Guardia Civil. Por último, Montero ha reiterado que su cliente no participó en la pelea y que el testigo Paulette, quien admitió la agresión a los agentes y sus parejas, aseguró que «sacó a Ohian del tumulto y se lo llevó al fondo del bar». El letrado ha denunciado que la Guardia Civil ha utilizado este caso para perseguir al movimiento Ospa, que se manifiesta contra ella, lo que revela su falta de imparcialidad: «Son juez y parte», ha dicho.
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