La Abogacía del Estado pide recusar al juez que suspendió las obras para exhumar a Franco
El órganoz judicial se alinea con la postura del Gobierno, que desde el primer momento criticó la decisión del magistrado y la llegó a calificar de «cautelarísima»
El Gobierno, nada más conocer que un juez madrileño dictó suspender de manera cautelar las obras para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, no ocultó su disgusto. Desde La Moncloa cuestionaron la medida al tildarla de «cautelarísima» y la vicepresidenta Carmen Calvo incluso cargó, en primera instancia, contra el entorno del dictador que, a juicio del Ejecutivo, se había lanzado a una campaña obstruccionista de recursos judiciales para frenar que Franco saliera de la basílica de la Santa Cruz. Semanas después, el malestar del Gobierno ha tenido su traducción en una decisión de la Abogacía del Estado, que ha decidido solicitar la recusación del magistrado que accedió a la paralización temporal del proceso, José Yusty Bastarreche, al considerar que no es idóneo para decidir sobre este asunto.
Según han confirmado fuentes oficiales a este diario, la Abogacía del Estado pone en duda la imparcialidad del juez Yusty , titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, amparándose en un artículo que firmó en el año 2007 en una publicación académica y con el que atacó duramente la Ley de Memoria Histórica, impulsada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel texto, el magistrado aseguró que dicha normativa representaba «el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la Guerra Civil, en estado puro, sin mezcla de grandeza alguna, frente a los que ganaron». De igual modo, el juez consideró que era «un tanto estrafalario y sin sentido alguno» reabrir determinados procesos históricos «con la intención de fijar una verdad oficial de obligado seguimiento».
Tras recibir el auto de recusación, que todavía tendrá que ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez Yusty ha decido paralizar su actividad en este caso tras atender uno de los 17 recursos judiciales interpuestos por diferentes particulares contra el proyecto urbanístico de exhumación propuesto por el Gobierno al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, municipio donde se encuentra el Valle de los Caídos. En su auto, el magistrado justificaba su decisión de suspender cautelarmente el proceso en los peritajes de dos arquitectos, José Ismael de la Barba y Enrique Porto, vinculados a la Fundación Francisco Franco, y que alertaban sobre los problemas de seguridad -tanto para los trabajadores, como para la integridad de la basílica- ligados al levantamiento de la lápida bajo la que se encuentran los restos del dictador.
La clave, en el Supremo
Con esta decisión de la Abogacía del Estado, el Gobierno esquiva -al menos de momento- un problema en su empeño por exhumar a Franco, una de sus medidas estrella para esta legislatura y que, visto lo visto, también marcará la campaña electoral. Pero sin duda el gran obstáculo al que se enfrenta el gabinete de Pedro Sánchez en esta misión tiene que ver con el Tribunal Supremo y es que la familia del dictador presentó un recurso ante el Alto Tribunal pidiéndole la paralización cautelar del proceso de exhumación . Pese a ello, el Ejecutivo anunció la pasada semana tras el Consejo de Ministros que pretende trasladar a Franco a un panteón en El Pardo el próximo 10 de junio.
Una vez presentado el recurso de los familiares, el viernes acaba el plazo para que la Abogacía del Estado haga lo propio con un documento en el que formule las alegaciones que considere oportunas . Cuando todos los elementos estén encima de la mesa, los magistrados del Supremo tendrán que tomar una decisión sobre si acceden a las peticiones de los nietos de Franco para frenar la exhumación o si, por el contrario, dan luz verde al Gobierno para que proceda a ejecutar el procedimiento, una vez que el camino legislativo está finalizado.
Por el momento, entre tanto embrollo judicial y tantos frentes abiertos, hay pocas certezas en este asunto. Una de ellas es que la familia de Franco se opone rotundamente a la exhumación y posterior inhumación en cualquier lugar que no sea la catedral de La Almudena; otra, que el Ejecutivo no va a escatimar esfuerzos hasta ver al dictador fuera del Valle de los Caídos; y la tercera, y quizá la más decisiva, hace referencia a que este caso no tendrá una resolución, como pronto, hasta que el Tribunal Supremo dictamine.
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