La Abogacía del Estado mandó ayer el informe al que el Gobierno aludía hace semanas
La institución respalda que el Gobierno no apruebe en funciones la actualización de las entregas a cuenta para repartir 4.700 millones a las comunidades
La Abogacía del Estado envió ayer al Ministerio de Hacienda el informe que respalda que el Gobierno en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta pendientes para transferir 4.739 millones de euros a las comunidades. El departamento comandado por María Jesús Montero apeló durante meses a consultas con la institución para no transferir este montante a las regiones . Sin embargo, cuando el Grupo Popular pidió por escrito el informe de la Abogacía del Estado al que apelaba Hacienda, el Gobierno reconoció que aún no se contaba con el documento ya que las consultas habian sido verbales. Pues bien, según el informe al que ha tenido acceso ABC, la Abogacía del Estado terminó de redactar ayer el informe y lo remitió a Hacienda. Fuentes parlamentarias apuntan que el PP aún no ha recibido el documento .
En el informe, la Abogacía del Estado señala que «por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos» el Ejecutivo en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta y así repartir los recursos pendientes a las regiones. Hacienda critica que el PP no apoyara la investidura del Gobierno para aprobar esta medida ya como un Ejecutivo con plenos poderes.
¿Qué son las entregas a cuenta? El Estado, en los Presupuestos, estima cada año su previsión de ingresos y, en base a ella, distribuye los fondos pertinentes a las comunidades por su participación en tributos como el IVA o el IRPF (del 50% con el Estado) o Impuestos Especiales (el 58%). Como no se aprobaron las cuentas y se prorrogaron las de 2018, también lo hicieron los ingresos de entonces para las regiones.
El problema es que ello deja a las comunidades sin un aumento de recaudación de su parte de más de 6.500 millones –de los que cerca de 2.500 corresponden a una mensualidad de IVA pendiente de la liquidación de 2017 por la entreada en vigor del Sistema de Información Inmediato, que postergó hace dos años el pago mensual del tributo con el correspondiente efecto en la recaudación–. Quitando esto e incluyendo el total de la liquidación de 2017, la prórroga dejaba a las regiones sin el aumento que preveían en sus presupuestos para este año, de 4.739 millones más de ingresos. Una situación que ha provocado el motín de la Generalitat de Cataluña y las regiones gobernadas por el PP.
En su informe, la Abogacía del Estado cita una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de diciembre de 2005 para concluir que «un Gobierno en funciones no tiene restringida únicamente la facultad de aprobar un proyecto de presupuestos generales del Estado sino, en general, se le limita la facultad de servirse de los principales instrumentos de orientación política en cuanto con ellos puedan comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno».
«La revisión del importe de las entregas a cuenta realizadas a las comunidades autónomas es una actuación que por su fuerte transcedencia cuantitativa y cualitativa es subsumible en dicho concepto», recoge el documento.
Desde el Ministerio señalan que si bien el informe no llegó hasta ayer, hace meses que se habían realizado consultas verbales . «Se estaba redactando de verbal a escrito y por tanto era ya un acuerdo conocedor, que asímismo lo dice el propio escrito, que se había informado ya en varias ocasiones. Se le pidió la semana pasada que se redactara y llegó ayer al Ministerio», ha explicado Montero esta mañana en una entrevista en Onda Cero.
Cambio de argumento
Ahora Hacienda señala que lo primero que haga si se forma Gobierno será aprobar las entregas a cuenta. Sin embargo, antes de las elecciones, el Ministerio tampoco repartió estos recursos cuando tenía plenos poderes , esgrimiendo razones jurídicas. En ese caso citaba a la Abogacía del Estado para esgrimir que solo se podían actualizar estos recursos mediante los Presupuestos Generales, y no por decreto ley –pese a que ya hubo un precedente, en 1996 en el que se repartieron estos fondos sin que hubiera cuentas y por decreto–. El informe de la Abogacía del Estado no aborda este asunto al no formar parte de la cuestión planteada por el Ejecutivo.
Fuentes autonómicas señalan que si bien jurídicamente puede ser recurrido, el reparto de las entregas a cuenta puede articularse mediante un decreto o un acuerdo del Consejo de Política Fiscal: al no contar con oposición política –ningún partido recurrirá ya que todas las autonomías de régimen común están interesadas en esta medida–, el reparto sería viable.
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