Rajoy centra su objetivo en lograr el voto de 3 millones de indecisos

La cara «A» del balance del Gobierno de Mariano Rajoy, tres años después de ganar por mayoría absoluta las elecciones generales, se vio muy lejos de Madrid. En concreto, a 17.500 kilómetros de distancia en línea recta, en la ciudad australiana de Brisbane. Allí se celebró el fin de semana pasado la cumbre del G-20, todo un bálsamo para el presidente del Gobierno, que recibió felicitaciones a diestro y siniestro por los resultados de las reformas, que colocan a nuestro país a la cabeza del crecimiento en la zona euro. Pero el balance de estos tres cuartos de legislatura también tiene su cara «B», una recopilación de promesas incumplidas, reformas poco ambiciosas, reacciones tardías ante determinados casos de corrupción, una excesiva permisividad ante los excesos nacionalistas y errores especialmente hirientes como el del caso Bolinaga.

Todo ello junto ha supuesto un retroceso de 17 puntos en estimación de voto desde 2011.

Las alarmas han sonado en La Moncloaen este último año de legislatura. Con los resultados del CIS del pasado mes de octubre, el PP seguiría siendo el primer partido de España, pero solo es un espejismo, porque la izquierda, muy fragmentada, eso sí, sumaría ya una mayoría clara en España. El objetivo de los populares en este momento son los 3,5 millones de electores que se han distanciado del PP y se consideran indecisos o aseguran ahora que no votarán. Se consideran votos recuperables, en la medida en que la política del Gobierno consiga atraerlos de nuevo a su terreno corrigiendo, precisamente, su cara «B».

En este momento, el PP mantendría unos 5,5 millones de los casi 11 que logró en 2011, según los análisis que se manejan en La Moncloa. Tres millones y medio de los votos perdidos son indecisos o bien optarían ahora por abstenerse, una posición producto del desencanto. Existen, además, dos millones de antiguos votantes del PP que declaran su firme intención de votar a otras formaciones políticas o bien hacerlo en blanco. Se consideran los más difíciles de recuperar. Ahí se incluyen los 500.000 votantes que, según calculan en el PP con datos del CIS en la mano, irían directamente a Podemos. UPyD y Ciudadanos son también beneficiarios de la fuga de votos del PP.

A estas alturas del mandato de Rajoy lo que está quedando claro en La Moncloa es que la incipiente recuperación económica no es suficiente para garantizar una nueva victoria en las urnas, por muy mal que hubiera dejado las cosas José Luis Rodríguez Zapatero y por mucho que se haya dado la vuelta a los grandes números. La situación política es mala o muy mala para el 80,5 por ciento de los ciudadanos, y el 92,6 por ciento creen que está igual o peor que hace un año, según el CIS. Los principales problemas siguen siendo el paro, la corrupción, la crisis y los políticos.

Crecimiento y economía

El balance «oficial» que se hace desde La Moncloa es el puramente económico, con las cifras de crecimiento y del empleo por delante: España es hoy el país que más crece entre las grandes economías de la eurozona, en el último año el desempleo ha caído en 515.700 personas y el nivel de desempleo es hoy el más bajo desde diciembre de 2011, mientras que la ocupación ha crecido en el último año en 274.000 personas. Ese seguirá siendo el argumento principal de Rajoy y de todo su Gobierno para defender su gestión ante las próximas citas electorales.

Pero con ese discurso por sí solo es difícil recuperar la confianza de los 3,5 millones de indecisos, que se han alejado del partido de Rajoy por motivos bien diferentes, como admiten en el entorno del Ejecutivo.

Para la remontada el Gobierno prepara más política en todos los terrenos, y un mayor protagonismo de Rajoy, que podría escenificarse con golpes de autoridad. En primer lugar, el Gobierno se dispone a tomar la iniciativa en la lucha contra la corrupción. Será Rajoy quien suba a la tribuna del Congreso al próximo jueves para defender las dos leyes de regeneración que envió el Gobierno a las Cortes, y para endurecer el mensaje contra esa lacra. En segundo lugar, el Ejecutivo tratará de corregir los incumplimientos de programa, con la prometida bajada de impuestos y también con una reforma mínima de la ley del aborto. Y además, se intensificará la presencia en Cataluña para contrarrestar el desafío independentista y potenciar el mensaje positivo de la «unión».