El Gobierno encarga un informe jurídico para impugnar ante el TC la campaña y el resto de actuaciones del 9-N

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado abierta la posibilidad de que el Gobierno impugne la campaña previa al 9-N anunciada esta mañana por la Generalitat y el resto de actuaciones dirigidas a ese "proceso sin garantías democráticas" y lo ha hecho dando cuenta de que el Ejecutivo ya ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado en función del cual se determinarán esos "ulteriores recursos ante el Tribunal Constitucional".

Sáenz de Santamaría ha hecho estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha presidido en ausencia de Mariano Rajoy, y en la que también ha arremetido contra el Gobierno de Cataluña por "descargar" en los ciudadanos particulares responsabilidades que el propio Gobierno catalán "siquiera quiere asumir por escrito" en torno a ese "proceso" emprendido tras la renuncia a la "consulta ilegal".

"A los ciudadanos nos se les pueden imponer verbalmente o como sea obligaciones que les generen dudas, miedos o inseguridades, porque el presidente -ha dicho en referencia a Artur Mas- decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso".

Ante semejante situación, la número dos de Rajoy ha recordado que es obligación del Ejecutivo "velar por el cumplimiento de las leyes y preservar los derechos de los ciudadanos", motivo por el que ya se recurrieron ante el TC la Ley de Consultas no Referendarias y el decreto de convocatoria del )-N, y que esa obligación incluye el objetivo de "dar tranquilidad" a los ciudadanos de Cataluña.

Paralelamente, la vicepresidenta no ha perdido oportunidad de preguntarse en voz alta cómo hay que calificar "ese proceso electoral" enunciado por Mas "sin ningún tipo de garantía democrática" en el que no existe censo previo, "quien lo organiza monta el procedemiento", coloca las mesas, "las preside", decide como se efectúa la votación, "hace el recuento y lo procalma". "Parece que se pretende sustituir un proceso ilegal por un acto aún más antidemocrático", ha concluido.