Hacia un pacto por las infraestructuras

Justo 38 años después de que se firmaran en La Moncloa los primeros pactos de Estado de la democracia, las grandes materias de nuestro país siguen clamando por una profunda reforma de amplio consenso que asegure su permanencia en el tiempo. Las infraestructuras no son una excepción, y aunque hay pilares del Estado como la Justicia, la Sanidad o la Educación en los que el pacto de Estado es prioritario, es de celebrar que los programas de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos converjan en las líneas básicas que necesitan las obras públicas: reforma de la Administración Pública, revisión de la contratación y evaluación económica.

El catedrático Ginés de Rus, autor del informe de Fedea titulado «La política de infraestructuras en España: una reforma pendiente», considera que la convergencia de los partidos en esta materia «es mucho más importante de lo que puede parecer, porque para el buen funcionamiento de las infraestructuras necesitamos más iniciativa privada y mejor sector público».

«El Plan Nacional de Infraestructuras que los cuatro partidos proponen podría ser un buen comienzo para reformar el sistema de planificación, regulación, evaluación, licitación, adjudicación y resolución de conflictos que tan urgentemente necesita España», destaca.

El presidente del Colegio de Ingenieros, Juan Santamera, coincide en que el pacto de Estado debe ser la piedra angular de la política de infraestructuras, pero reclama la inclusión de todos los agentes: políticos, sociales, inversores, constructores e ingenierías, y una duración concreta: diez años. Asimismo, apunta a una inversión de 40.000 millones anuales más otros 1.500 millones de euros en trabajos y proyectos de ingeniería, como la dotación necesaria para revitalizar la obra española. Ningún partido se atreve a comprometer cifras. A partir de aquí entran las diferencias en juego aunque para De Rus en el caso de PP, PSOE y Ciudadanos «no son un obstáculo para el entendimiento».

La posición más angulosa, dentro del fondo común es, una vez más, la de Podemos. «Su concepción estatista de la economía les impide ver con claridad las virtudes de dar protagonismo al sector privado en la construcción y operación, reservando al Estado la planificación, contratación y regulación», destaca.

Santamera, por su parte, insiste en la conveniencia de extender los sistemas de financiación público privada, y en la necesidad de crear un nuevo organismo que analice la necesidad y rentabilidad de cada inversión. El resto de propuestas son una distracción. «Pronunciarse ahora por el corredor mediterráneo o por la bicicleta es secundario», advierte De Rus.