El TSJC mantiene las elecciones del 14-F

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado el decreto con el que la Generalitat pretendía suspender por la pandemia las elecciones autonómicas fijadas para el 14 de febrero. Por consiguiente, no habrá cambios en la fecha electoral, a menos que el Govern busque otras vías legales para tratar de aplazar los comicio s, si cree que es necesario hacerlo por la situación epidemiológica. De lo contrario, las elecciones serán definitivamente el próximo 14-F.

La sala de la contencioso del TSJC, que se ha reunido este mismo viernes para deliberar, ha dado la razón finamente a los demandantes -un particular y varias formaciones políticas extraparlamentarias-, que alegaban que el decreto de la Generalitat para suspender unas elecciones que ella misma había convocado, no había seguido los cauces legales. El TSJC todavía no ha detallado los fundamentos de su sentencia, que se dictará y notificará el próximo lunes, pero este viernes ha avanzado cuál será el sentido de sus conclusiones. El tribunal mantiene así las medidas cautelares de suspensión del decreto del Govern que ya había establecido.

Partidaria de anular el decreto de la Generalitat era también la Fiscalía, y así se lo hizo saber al TSJC, que se lo había consultado previamente. El Ministerio Público, en su informe, puso sobre la mesa la «anormalidad jurídica» que supondría suspender los comicios , al concluir que el decreto de la Generalitat infringe la normativa electoral.

La Fiscalía recordaba en su informe que en este proceso judicial no se trataba de determinar si la grave coyuntura sanitaria justificaría el aplazamiento electoral. El debate estaría en otro punto: si el ordenamiento jurídico vigente permite aplazar unas elecciones autonómicas ya convocadas, y, en su caso, en qué supuestos, mediante qué procedimiento y con qué garantías podría hacerse.

El Ministerio Público concluye que ni el Estatuto catalán ni la Ley Orgánica de Régimen Electoral Central contemplan «la posibilidad de suspender ni aplazar unas elecciones ya convocadas». Advertía además del «más que previsible riesgo de inseguridad jurídica» que supondría, como pretendía la Generalitat, suspender las elecciones, y conducirlas a un futuro incierto, pues la grave situación sanitaria podría prolongarse «por un tiempo indeterminado».