El «España nos roba» que los partidos soberanistas llevan reiterando como un mantra desde hace años, y que ha calado como lluvia fina entre los ciudadanos de esta comunidad autónoma, es especialmente falso cuando se refiere al sistema de pensiones y al desempleo.

Desde enero de 2012 y hasta mediados de este ejercicio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha destinado 91.269 millones de euros al pago de pensiones y prestaciones por desempleo en Cataluña. Esta cifra contrasta con los poco más de 78.500 millones que los trabajadores residentes en la región han aportado al sistema en este periodo (ver gráficos adjuntos). La combinación de ambas cifras arroja un déficit de cerca de 13.000 millones de euros que ha tenido que cubrir el Estado español con cotizaciones procedentes de trabajadores de otras regiones. En otras palabras, en materia de pensiones y desempleo, Cataluña es receptora neta de la solidaridad del resto de España.

El desfase entre ingresos y gastos es especialmente significativo en el sistema de pensiones y, además, va creciendo año a año. Así, en 2014 los 1,7 millones de jubilados residentes en Cataluña recibieron prestaciones por casi 22.230 millones de euros, mientras los trabajadores de la región pagaron por cotizaciones algo menos de 19.000 millones de euros. El déficit ascendió, por tanto, el año pasado a cerca de 3.300 millones, una cifra que duplica con creces el agujero registrado por el sistema al comienzo de la legislatura, en 2012, cuando la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en prestaciones ascendía a poco más de 1.300 millones.

Según las cifras del Ministerio de Empleo el déficit del sistema de pensiones en la legislatura, que ha tenido que ser cubierto con aportaciones del Estado se acerca a los 7.500 millones de euros.

Cataluña no es la única región deficitaria en lo que al sistema de pensiones se refiere, pero sí una de las que arroja números rojos más abultados. Ahora eso no supone ningún problema ya que la Seguridad Social es una caja única en la que se ingresan las cotizaciones de todos los trabajadores de España y de ahí se pagan las pensiones contributivas, es decir, aquellas a las que se tiene derecho por haber cotizado. El resto de pensiones assitenciales, o los complementos para llegar a la pensión mínima en caso de que no se haya cotizado lo suficiente corren a cargo de los Presupuestos del Estado.

Un sistema deficitario

Desde el pasado año 2010 el sistema de pensiones del conjunto de España es deficitario y el Gobierno recurre al fonde de reserva de la Seguridad Social, lo que conocemos como «hucha de las pensiones» para cubrir ese agujero. El Ejecutivo prevé que el aumento del empleo consecuencia de la recuperación económica permita devolver el equilibrio a la Seguridad Social en 2018 o 2019.

La duda es qué ocurriría con una hipotética independencia de Cataluña. En la medida en que el sistema de pensiones es un sistema de reparto y son los trabajadores actuales los que pagan las prestaciones a los jubilados, lo lógico es que fueran los empleados catalanes los que se hicieran cargo de pagar las prestaciones de los pensionistas de la región. Pero también es cierto que los trabajadores que han cotizado en España, independientemente de donde residan después de jubilarse, tienen derecho a una pensión del Estado español. Esta misma semana, la plataforma independentista Junts pel Sí ha enviado una carta a los pensionistas en la que aseguran que es el Estado español quien deberá pagar sus pensiones si no se llega a un acuerdo con el gobierno catalán. O lo que es lo mismo, lo que proponen es un negocio redondo, que los trabajadores del resto de España paguen las pensiones a los jubilados en una hipotética Cataluña independiente, mientras la Hacienda catalana se quedaría con los ingresos que le proporcionen los trabajadores catalanes.

También el servicio público de empleo ha sido deficitario en Cataluña durante toda la legislatura. Desde 2012 y hasta mediados de este año el Estado ha tenido que poner más de 5.200 millones para pagar subsidios de paro.