El Gobierno de Mas oculta información sobre la consulta secesionista del 9-N

¿Existe el acuerdo de convocatoria del proceso de participación ciudadana celebrado el 9 de noviembre de 2014? La respuesta a la pregunta es el secreto mejor guardado por el Gobierno catalán, que se niega a informar al PP sobre ese asunto por entender que la consulta secesionista está en manos de la Justicia. Como se sabe, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tramita una querella de Fiscalía contra el presidente Artur Mas y dos consejeras de su Ejecutivo por organizar esa votación a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. En paralelo, el grupo parlamentario del PP solicitó, a través del diputado Pere Calbó, acceder a una copia del acuerdo de convocatoria, si es que éste existe.

En respuesta a la solicitud, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, alegó que "esta cuestión se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional, fruto de la impugnación que presentó el Gobierno español y ha sido objeto de una querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña. Una vez resueltos estos procesos, se informará oportunamente".

Ante este bloqueo, el PP solicitó amparo a la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert por entender que no se respeta "el derecho a la información" de los diputados y que las razones aducidas por la Generalitat para denegar esa información "no se fundamentan en derecho, tal como exige el Reglamento de la Cámara". Según los populares, la documentación pedida "se limita a conocer el acuerdo de convocatoria de un proceso de participación ciudadana, acto por el que se convocó el citado proceso. En definitiva, a un acto administrativo que ya ha tomado el Gobierno catalán. O en todo caso, en el supuesto de que el Gobierno no hubiera adoptado el citado acuerdo formalmente, la indicación de que el Gobierno no lo ha adoptado". Según el PP, esa documentación «no tiene ninguna incidencia respecto a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional o la jurisdicción penal referidos por el Gobierno catalán».

De Gispert dio traslado del escrito a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, quien se limitó a reproducir los argumentos utilizados por Homs y añadir que "el Gobierno catalán considera conveniente diferir la tramitación de esta información a la finalización de los procesos judiciales actualmente en curso".