Ortega desdeñó los avisos de Llanos de Luna sobre el TC en vísperas del 9-N

La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, investigada junto al President, Artur Mas, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por el 9-N, desdeñó en vísperas de la consulta soberanista los avisos de la delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, de que su obligación era cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Así se desprende de un conjunto de misivas, a las que ha tenido acceso Efe, que Llanos de Luna remitió a Ortega y Rigau, así como a alcaldes, presidentes de diputaciones y Consejos Comarcales y de compañías de sectores estratégicos claves pocos días antes del 9-N, que obran en poder del magistrado del TSJCque investiga a Mas, Ortega y Rigau por la consulta soberanista.

El 5 de noviembre del pasado año, Llanos de Luna envió una carta a la entonces vicepresidenta Joana Ortega -que dimitió en junio pasado por discrepancias con la hoja de ruta soberanista de Mas- y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, advirtiéndoles de que, como autoridad pública, tenían la obligación de cumplir las resoluciones del TC y velar para que las actuaciones de sus departamentos se ajustaran al ordenamiento jurídico.

Misivas de la delegada

"Esta Delegación del Gobierno le recuerda la importancia que desde su departamento no se adopten acuerdos o se lleven a cabo actuaciones que pudiesen contravenir la decisión del Tribunal...con actuaciones destinadas a la utilización de medios públicos para la realización de actos de ejecución de la consulta o de otra manera vinculados a ella", advertía Llanos de Luna en sus misivas.

Ortega respondió el 7 de noviembre, dos días antes de la consulta, con una carta en la que replicaba que la Generalitat había defendido siempre los derechos de los ciudadanos de Cataluña "desde la responsabilidad institucional y con un respeto escrupuloso para la legalidad".

En su respuesta, la exvicepresidenta desdeñaba las advertencias de Llanos de Luna, al apuntar que no era competencia de la Delegación del Gobierno "ni recordar a otras administraciones sus obligaciones, ni constituirse en intérprete de las resoluciones de los Tribunales, de las que se debe presuponer una actuación independiente en cumplimiento del principio de división de poderes".

"No es competencia de la Delegación"

Además, recordaba que la resolución del Tribunal Constitucional había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y comunicada directamente por el tribunal a la Generalitat y le indicaba a Llanos de Luna que no era competencia de la Delegación del Gobierno trasladar este tipo de información.

Por su parte, la consejera Rigau también respondió a la carta que le envió Llanos de Luna asegurando, en su caso, que ni desde su consejería ni desde los centros educativos se había adoptado ningún acuerdo ni se había llevado a cabo ninguna actuación contraria a la resolución del Constitucional.

Advertencia a empresas

Llanos de Luna también remitió dos días antes de la consulta una batería de misivas a empresas situadas en sectores estratégicamente claves para la celebración de la votación, recordando que el Tribunal Constitucional había acordado suspender la consulta alternativa y los actos y actuaciones de preparación.

En concreto, la Delegada del Gobierno envió cartas al presidente de Telefónica, César Alierta; a José Luis Bonet, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona -donde se ubicó el centro de prensa el 9-N-; al presidente de Unipost -la compañía a la que la Generalitat encargó la distribución de la propaganda-; al director regional de Securitas; y a la empresa de espectáculos Focus, entre otros.