La carrera contrarreloj de Artur Mas por lavar la imagen corrupta de Convergència

Objetivo: lavar la imagen de Convergència. En estos siete meses que quedan para las elecciones catalanas del 27 de septiembre, los nacionalistas van a tener que hacer frente a la investigación parlamentaria y judicial sobre supuestas irregularidades en su gestión, no solo a nivel gubernamental, sino de partido. Tanto es así, que CDC se plantea incluso cambiar de siglas.

Aunque el presidente Artur Mas se empeña en convertir su proyecto independentista en el eje de esta larga campaña, no puede soslayar que el tema de la corrupción va a estar muy presente en el debate político. Por ello, y tras la insistencia de la oposición -a la que se acaba de sumar ERC-, el líder de CiU ha enviado una carta al Parlamento catalán en la que solicita comparecer cuanto antes en la comisión de investigación sobre la evasión fiscal confesada por el expresidente Jordi Pujol.

Desea hacerlo en febrero, para distanciarse de las elecciones municipales de mayo.

Mas se ha resistido a acudir a esa comisión parlamentaria, lo cual es contradictorio con las políticas de transparencia que el dirigente catalán dice haber potenciado con sus 51 medidas anticorrupción, surgidas de la cumbre que él mismo encabezó en 2013, con presencia de representantes judiciales e institucionales. Este plan, unido al portal de la transparencia que Mas presentó ese año en vísperas de comparecer en la comisión de investigación sobre el "caso Palau", son mencionados en la documentación que la Generalitat acaba de enviar a la citada comisión de investigación sobre el fraude y la evasión fiscal, y las prácticas de corrupción política, donde el "caso Pujol" figura como eje. No obstante, ese órgano parlamentario volverá a abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con el famoso 3%, relativo a las comisiones que habrían pagado empresas contratistas a la Generalitat por obtener obra pública. Entre ellas figura el mencionado expolio del Palau de la Música, proceso judicial que dio lugar a una causa separada por supuesta financiación irregular de Convergència y al embargo de la sede del partido situada en la calle Córcega de Barcelona.

Asegura el Gobierno catalán que la documentación sobre los contratos con empresas suscritos antes de 1996 no están informatizados, pero que en breve serán accesibles a través del citado portal de transparencia "como muestra inequívoca del compromiso de la Generalitat con el acceso a la información y la rendición de cuentas".

En paralelo, CDC intenta luchar contra ese estigma de la "mala praxis" y ha anunciado que firmará un convenio de colaboración con la ONG Transparencia Internacional (TI) España para luchar contra la corrupción, después de que esta organización lo incluyera en la lista de los partidos políticos menos transparentes de España con una puntuación de 3,5 sobre 10. Con anterioridad, Convergència acordó elaborar un código de comportamiento destinado a dirigentes y miembros de la formación para que se comprometan a dimitir si se produce un comportamiento "ilícito o reprobable". Lo curioso es que quien hizo esa propuesta fue el exsecretario general de CDC, Oriol Pujol, inculpado por la trama corrupta de las ITV.