El Gobierno británico descarta un impuesto por trabajadores de la Unión Europea

Sin que hayan empezado todavía las negociaciones formales de salida de la UE, previstas para finales de marzo con la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Brexit es una constante sucesión de globos sonda. El miércoles, en una comisión de la Cámara de los Lores, el secretario de Estado de Inmigración, Robert Goodwill, dejó caer que tras dejar la UE el Reino Unido podría gravar a sus empresas con un impuesto de mil libras anuales por cada trabajador cualificado comunitario que contraten. Eso supondría que un contrato de cuatro años obligaría a las compañías a pagar una carga equivalente a 4.600 euros por cada empleado llegado de la UE. El Gobierno lo ha desmentido: «No está en la agenda».

Las palabras del secretario de Estado suscitaron una condena inmediata de la patronal y otras asociaciones de empresarios. La Cámara de Comercio de Londres recordó que el 15% de la fuerza laboral británica la conforman comunitarios, por lo que el nuevo impuesto de mil libras anuales «supondría en la práctica una multa para muchas empresas».

Los portavoces del Número 10 de Downing Street han desmentido la idea y culpan al mensajero: «Se han malinterpretado sus palabras». Sin embargo no descartan totalmente que se haga algo en esa línea en un futuro, una vez completado el proceso de salida. Fuentes del Ministerio del Interior recalcaron que «debe quedar claro que no estamos saliendo de la UE para renunciar una vez más a controlar la inmigración».

A partir de abril entrará en vigor un impuesto de mil libras anuales por cada inmigrante llegado de fuera de la UE. En su comparecencia en la Cámara de los Lores, el secretario de Estado puso un ejemplo: «Una empresa británica que quiera contratar a un programador informático indio cuatro años tendrá que abonar por su visa 4.000 libras»; y añadió que podría hacerse algo así también con los comunitarios. Sus palabras suscitaron el enojo inmediato de las empresas, que necesitan la mano de obra europea. De hecho la agricultura británica arrastra problemas para cubrir algunos empleos y sería inviable hoy sin los temporeros comunitarios en labores como la recogida de fresa y frutos rojos.

Guy Verhofstadt, el representante del Parlamento Europeo en el proceso del Brexit, contestó al anuncio de Robert Goowill vía Twitter, preguntando si se había parado a pensar en la situación de los ciudadanos británicos que viven en otros países de la UE, que podrían ser víctimas de represalias fiscales similares si el Reino Unido impusiese el gravamen a los comunitarios.

El Partido Liberal Demócrata, europeísta, despreció el globo sonda de Goodwill calificándolo como «la idea más tonta desde que May dijo que el Brexit será azul y rojo», en alusión a una de las frases vacuas típicas de la primera ministra a la hora de enmascarar su carencia de un plan cerrado para las negociaciones de salida.

En los doce meses hasta el pasado junio se alcanzó un nuevo récord en la cifra neta de inmigrantes llegados al Reino Unido: 335.000. En la campaña electoral de la primavera de 2015, Cameron ganó las elecciones prometiendo que la cifra se reduciría al entorno de cien mil. Su ministra el Interior, encargada del control de la inmigración, era Theresa May. Los promesa se ha incumplido por todo lo alto y los ataques a los inmigrantes acabaron convirtiéndose en la munición dialéctica estelar de la triunfal campaña del Leave. Tras el triunfo del «out» los delitos de acoso y agresiones a los extranjeros se han disparado en el país.

Hoy jueves, un lobby que defiende los intereses de la City de Londres, lo primera industria del país, ha lanzado una campaña de presión para que las empresas allí asentadas sigan conservando el llamado «pasaporte europeo», que les permita mantener el acceso al mercado único tras la salida.